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Víctor M. Tafur 10 Feb 2012 - 3:33 pm

Río+20: ¿habrá Futuro?

Víctor M. Tafur

El documento original para negociar en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible es una tímida declaración de intenciones más que la propuesta contundente requerida para el bienestar de la humanidad.

Por: Víctor M. Tafur
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El pasado 10 de enero, se hizo público “El Futuro Que Queremos”, la “versión cero” del documento que será negociado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible— también conocida como Río+20— a celebrarse a mediados de junio de este año en Rio de Janeiro. Río+20 va a tratar dos temas fundamentales para la humanidad en las próximas décadas: 1) la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y 2) el marco institucional de la ONU para el desarrollo sostenible. También se han identificado siete áreas principales de interés: empleo, energía, ciudades, alimentos, agua, océanos y prevención de desastres.

La “versión cero” del documento incluye aspectos interesantes sobre los dos temas principales a considerar, a la vez que deja muchas inquietudes y preguntas. En cuanto al primer tema, reconoce la necesidad de desarrollar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para medir el avance en este tema, en forma similar a los ODM, prioridad que ha sido impulsada por la delegación colombiana en las reuniones preparatorias. Sin embargo, el documento simplemente indica que dichos objetivos se deben establecer entre los años 2012-2015, para ser implementados durante el período 2015-2030, y haría una evaluación de los mismos en el 2030. La pregunta que surge es—en particular después de lo acontecido en las recientes reuniones sobre cambio climático— ¿Será posible llegar a un acuerdo formal vinculante sobre cómo medir el desarrollo sostenible en cuestión de un par de años? Además, ¿Será necesario esperar hasta el 2030 para evaluar dichos objetivos—y probablemente concluir que no se han cumplido o nunca se van a cumplir, como acontece con algunos de los ODM?

Así mismo, el documento es un tímido avance en la conceptualización de “economía verde”. Según la “versión cero”, la “economía verde” es un medio para alcanzar el desarrollo sostenible, la cual debe proteger y mejorar los recursos naturales, promover la producción y consumo sostenibles, mejorar la eficiencia, y avanzar hacia un mundo con bajos niveles de emisiones de carbono. Aclara que no se buscan establecer reglas rígidas, sino un marco integral para la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, tanto en el sector público como en el privado. Falta mayor definición y seguramente este tema va a seguir suscitando intensos debates formales e informales.

Con relación al segundo tema, la “versión cero” ratifica al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DEAS) de la ONU como eje central para promover el desarrollo sostenible, pero establece varias opciones para reestructurar la institucionalidad que hace seguimiento a este tema. Lo anterior, debido al hecho de que llevamos 20 años desde que se fijaron principios claros y una agenda de implementación—conocida como Agenda 21—para el desarrollo sostenible, y otros 10 años desde su revisión en Johannesburgo, sin resultados alentadores o siquiera medibles al respecto. La primera opción sería mantener a la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde representantes de los países se reúnen anualmente en Nueva York para examinar la implementación de los acuerdos, pero cuyo trabajo deja mucho que desear hasta el momento por cuanto se adoptan decisiones de contenido muy general y con poca aplicabilidad a los problemas del día a día. La otra opción es convertir dicha comisión en un Consejo de Desarrollo Sostenible de la ONU, con mayor autoridad para integrar los distintos factores que confluyen en el desarrollo sostenible. Igualmente, se plantea la posibilidad de transformar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una Agencia especializada, con mayor fuerza y a la par de las otras agencias especializadas de la ONU, como por ejemplo la FAO o UNESCO. Estas parecen ser opciones interesantes, pero surgen en un momento en que la ONU enfrenta limitaciones económicas, lo cual implica recortes de presupuesto y otros replanteamientos de funciones.

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