Rugido de motores

La eventual autorización de operaciones aéreas las 24 horas diarias en la segunda pista del aeropuerto Eldorado genera alarmas, dadas las repercusiones que la medida tendrá para la comunidad que habita el entorno.

Ni el terminal, ni su reciente modernización, han sido -como debería esperarse- punto de referencia para generar un desarrollo integral en su área de influencia sino, al contrario, un continuado dolor de cabeza provocado por la incapacidad de la administración pública para hacerlos bailar al mismo ritmo.

La ampliación en ocho horas de la pista apunta a mejorar la competitividad, pero golpea a 80 mil habitantes de Funza y 40 mil de Fontibón y Engativá, que reivindican sus derechos ante los gobiernos Nacional y Distrital por las implicaciones y las infracciones ambientales que causa su uso, y por la inacción oficial para protegerlos de la contaminación sonora que produce el creciente cruce de aviones.

El fragor de motores rasantes en ciertos sectores de los linderos sobrepasa el tolerado por el Ministerio de Ambiente. La exposición alcanza niveles de 75DB, encima de los establecidos para áreas residenciales, con límites marcados de 65DB día y 50DB noche. Los efectos entre la población son evidentes y se denuncian periódicamente. Con el paso del tiempo se acentúan problemas de salud mental, comportamiento y desempeño y sueño y comunicación. Sin sumar los daños causados por la desvalorización y el deterioro ambiental de predios.

La utilización plena de la pista no tendría por qué ser a estas alturas un tema de discusión pública, sino una realidad desde su misma construcción, si los gobiernos de turno hubieran comprometido esfuerzos para irrigar el desarrollo del aeropuerto hacia su abandonado entorno actual. La modernización reciente del terminal, a cargo de Opaín, fue otro paso perdido para disminuir los desequilibrios existentes. Poco o nada se avanzó en materia de mitigación de impactos, beneficio social, oferta ambiental o planeamiento urbano.

Eldorado no es un eje transformador que despliegue beneficios urbanísticos y sociales a su alrededor, sino una fuente de dificultades, escándalos, atropellos e irregularidades, que mucho ha contribuido a propiciar la informalidad y a constreñir la calidad de vida de los habitantes aledaños. Lo que debe ser una Ciudad Aeropuerto, con la eficiente desenvoltura de una dinámica y próspera actividad económica relacionada con la aviación y el turismo, es una estéril franja de economía casera dedicada a satisfacer las precarias demandas barriales.

El caso de Bogotá resulta ilustrativo. El 94% de las empresas localizadas hasta 300 metros a lado y lado del aeropuerto es manejado por humildes propietarios, vulnerables a los procesos de transformación urbana, según estudio de la Cámara de Comercio. En esta área no hay rastros de capacidad instalada ni de infraestructura funcional idónea que permitan ponerle alas a un cercano desarrollo empresarial e industrial.

Como sucede con tantas grandes obras, la modernización de Eldorado no se complementó con estrategias para la preservación y el progreso de sus predios vecinos. La batalla que dan las comunidades afectadas para defenderse de la contaminación sonora refuerza aquella paradoja, propia de países tercermundistas, de que a orillas del desarrollo crece silvestre la maldición de la pobreza. Y la responsabilidad frente a un aeropuerto que genera literalmente mucho ruido y pocas nueces se diluye entre la administración pública, que no escucha –siquiera- el rugido de motores.

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