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Gustavo Gallón 23 Ene 2013 - 11:00 pm

Sabiduría popular y derechos humanos

Gustavo Gallón

Una importante conferencia Nacional de Derechos Humanos se celebró en Bogotá entre el 10 y el 12 de diciembre, precedida por foros realizados en 25 departamentos.

Por: Gustavo Gallón
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Más de trece mil personas pertenecientes a ocho mil organizaciones participaron en las 26 reuniones. Su diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en el país es desgarrador y su coincidencia es estremecedora: “El problema de la desaparición forzada [dice, por ejemplo, el informe final] sigue estando presente en las problemáticas de casi todos los departamentos. Pero no sólo se identifica su presencia, sino un aumento preocupante en las cifras y la frecuencia de ocurrencia. (…) Frecuentemente, las desapariciones se transforman en homicidios caracterizados por actos de tortura; (…) la comunidad hace énfasis en el pobre funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas. En general se percibe la insuficiencia en la promoción y difusión de los derechos humanos”.

 

Observaciones similares se expresaron en relación con los siete grandes temas abordados en los foros y en la Conferencia: derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad personales; derecho a la igualdad y no discriminación; derecho internacional humanitario y conflicto armado; acceso a la justicia y lucha contra la impunidad y la corrupción; cultura y educación en derechos humanos y paz; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y derechos de las víctimas. Las mismas preocupaciones fueron puestas en común, junto con sus causas y propuestas de solución, por habitantes de todos los rincones del territorio, en su mayoría gente humilde: campesinos, trabajadores, desempleados, desplazados, indígenas, afrocolombianos, muchas mujeres, población LGBTI, jóvenes, personas con discapacidad, defensores de derechos humanos, y unos 670 funcionarios públicos. Con algunos de estos últimos no siempre hubo consenso, por lo cual a veces en el informe se lee que “los representantes de la Fuerza Pública reportan no tener conocimiento de casos de vulneración de los derechos humanos por parte de sus miembros”. Aparte de salvedades casi naturales, como esa, el dictamen es prácticamente unánime y totalmente espontáneo (véase www.derechoshumanoscolombia.co).

El mérito de este logro se debe además a la Vicepresidencia, que lanzó la convocatoria a finales de 2010, a importantes organizaciones sociales y de derechos humanos (aunque no todas) y algunos sectores empresariales, al igual que a Naciones Unidas y a valiosos apoyos de embajadas. Es este, pues, un proceso tripartito (Gobierno, sociedad civil, comunidad internacional) orientado a propiciar una política pública en derechos humanos. El esfuerzo no ha concluido: falta realizar foros en los siete departamentos restantes este año, retroalimentar los avances departamentales del año pasado y convertir esto propiamente en una política pública.

Para ello se requiere una mayor involucración del Gobierno en pleno, con la jefatura del Estado a la cabeza; y de la sociedad civil, con una participación más nutrida del movimiento de derechos humanos en su conjunto. Lo obtenido hasta el momento tiene un vigor social sin parangón en la historia del país. Vale la pena que esta vez no se desperdicie.

* Director de la Comisión 

Colombiana de Juristas.

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