Saboteando las instituciones

El Procurador Ordóñez está logrando lo que siempre ha querido: desacreditar la Constitución de 1991 y ambientar una reforma constitucional.

Lo inesperado es que en ello le estén ayudando los opositores que ha sacado de quicio, comenzando por el alcalde Petro.

Lo del procurador es bien conocido. Como el espíritu secular y democrático de la Constitución está en las antípodas de su conservadurismo extremo, lleva dos décadas escribiendo libros, dictando sentencias y profiriendo sanciones para desmontarla. A falta de poder político para reformarla, su estrategia ha consistido en sabotearla, en encontrar la gambeta jurídica para desconocerla bajo el pretexto de estar cumpliéndola.

La sanción antijurídica y desproporcionada contra Petro es el saboteo más reciente, la muestra más refinada de cómo invocar las reglas para torcerles el cuello. Pero no es un escamoteo cualquiera, porque la visibilidad del caso y las reacciones en contra han extremado la apuesta del procurador. Con cada nueva tesis jurídica infundada —que las medidas de la CIDH no son obligatorias, que los plazos de la destitución siguen corriendo— exaspera y polariza a la ciudadanía, desgasta las instituciones y lleva a sus opositores a imitarlo en el abuso de las normas.

En esa trampa han caído el alcalde Petro y algunos de sus asesores. A los abusos del poder disciplinario del procurador responden con una “tutelatón” que desfigura y desgasta innecesariamente el recurso judicial más importante de la Constitución, a sabiendas de que unos jueces van a decidir una cosa y otros otra en los cientos de sentencias. Entre tanto, el caos resultante les da argumentos a quienes, como el procurador, han sido desde siempre enemigos de la tutela.

Aunque en el corto plazo alguna tutela tenga el efecto de darle más tiempo al alcalde (para lo cual no era preciso interponer 800 demandas), en el largo plazo el daño para las instituciones puede ser permanente. Lo cual parece no tener muy preocupado al alcalde, quien en su discurso contra el procurador tras la suspensión de la destitución hizo un llamado a una asamblea constituyente, porque “necesitamos una Constitución que se aplique de manera inmediata y no un simple discurso como el que tuvimos”. Como si el procurador no viniera pidiendo algo parecido hace tiempo. Como si la constituyente no fuera la bandera del uribismo desde hace años, en su intento por habilitar al expresidente para reelegirse una vez más.

De manera que estamos entrando en una espiral nociva de saboteos institucionales, similar a las que han paralizado a otras democracias. Piensen por ejemplo en el chantaje del Tea Party al sistema político de Estados Unidos. Malinterpretando reglas abstrusas que le permiten a una pequeña facción detener todo el proceso legislativo —mediante saboteos tan peregrinos como tomarse la palabra y no dejar hablar a nadie más—, logró dejar sin presupuesto al gobierno durante un tiempo e infligir un enorme daño económico y político. Daño similar al que está haciendo el procurador y contagiando a algunos de sus detractores.

Si seguimos por esa ruta, la conclusión equivocada que pueden sacar muchos es que el problema son las reglas de juego, y no el abuso que de ellas cometen uno y otro bando. Que no se necesita una reforma puntual a las potestades desbordadas de la Procuraduría, sino una nueva Constitución. Y que hace falta ser abogado para ser ciudadano. Nada de eso le conviene a la democracia ni al Estado de derecho.