Por: Eduardo Sarmiento

Salario mínimo

Siguiendo la rutina de años I anteriores, se adelanta el debate sobre el salario mínimo. Los empresarios advirtieron que el alza no puede ser más que la inflación y los trabajadores expresaron sus aspiraciones por ajustes superiores.

El criterio para la fijación del salario corrió por cuenta del Gobierno, que parte del dogma de que el aumento del salario debe ser igual al aumento de la inflación, proyectado cerca de 3%, más el aumento de la productividad. El cálculo de la productividad tiene visos de misterio. Los técnicos oficiales lo estiman como la relación entre la producción y un promedio ponderado del trabajo y el capital y resulta en un aumento de 0,7%.

Este índice es publicado por la OECD para un grupo de países desarrollados y emergentes. Allí se encuentran incrementos de 4% para China, 3% para India, 2,5% para los Tigres Asiáticos y cerca de 1% para Estados Unidos y Europa.

La cifra de Colombia está entre las más bajas y revela una baja eficiencia a la economía. Sin embargo, está expuesta a las más variadas interpretaciones. De ninguna manera obedece a la baja productividad del trabajo, que en muchas industrias exhibe incrementos de más de 4%. Se explica, más bien, por la baja demanda que impide la adecuada utilización de la capacidad instalada y la escasa eficiencia de las actividades mineras causada por la alta intensidad del capital. En tal sentido, la mejoría del salario mínimo vendría más bien a corregir las deficiencias de demanda de la economía y a presionar por una menor asignación de los recursos en proyectos mineros.

Infortunadamente, las deliberaciones del salario mínimo no están fundadas en una política laboral que contemple el conjunto de la economía y sirva para impulsar la producción y el empleo y mejorar la distribución del ingreso. El análisis se reduce a un cálculo económico inspirado en las concepciones neoclásicas que suponen que la actividad productiva es determinada por factores de oferta y han sido controvertidas por la realidad. Así, el ajuste de 0,7 por encima de la inflación, sugerido por el Gobierno y acogido por los gremios, no guarda ninguna relación con el incremento del 3% del ingreso per cápita que aparece en las cuentas nacionales.

Luego de que el salario mínimo fuera satanizado durante mucho tiempo, la mayoría de los países lo están empleando para acortar las diferencias de ingresos laborales. La experiencia más sonada fue la de Brasil que durante el gobierno de Lula adoptó un ajuste de más del 40% con resultados notables en la reducción de la pobreza y mejoría en la distribución del ingreso.

En realidad, las verdaderas restricciones al salario mínimo son la sustitución de mano de obra por materias primas y bienes de capital importados y la ampliación de la brecha con las remuneraciones de los trabajadores informales. Desde luego, ambas pueden ser subsanadas. La primera con una devaluación del tipo de cambio que corrija el abaratamiento de las materias primas y el capital y la segunda con un subsidio directo a las empresas que amplíe la contratación de trabajadores de baja calificación.

Mal podía esperarse que de las deliberaciones surgiera un ajuste importante del salario mínimo y una política laboral, para mejorar la distribución del ingreso e impulsar la demanda. Lo máximo que se puede esperar es que se entre en razón y se acepte que el ajuste no puede ser inferior a la inflación más el crecimiento del ingreso per cápita, es decir, del 6%. De otra manera, se induciría un salario inferior a la contribución del trabajador a la producción que bajaría la participación laboral en el PIB y ampliaría las desigualdades del ingreso.

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