Por: Juan Carlos Gómez

Se acerca el fin de la telefonía móvil

En 10 meses finaliza una era de la telefonía móvil celular (TMC) en Colombia. Después de 20 años, en marzo de 2014, vencen los contratos de los actuales operadores Claro y Movistar. Esta circunstancia obliga a que en el próximo semestre se definan las reglas bajo las cuales se seguirían prestando los servicios a los usuarios y es también una gran oportunidad para diseñar un nuevo rumbo en las comunicaciones móviles, aprovechando también la próxima implementación de la tecnología 4G. 

La exitosa subasta de 1994 que definió a los ganadores de la correspondiente licitación –el Estado recibió 1.200 millones de dólares-, ya auguraba el éxito comercial que tendría la TMC en nuestro país, gracias a la confluencia de varios factores: (i) La telefonía fija local era deficiente; estaba concentrada en las grandes ciudades y su cobertura era mínima en los estratos bajos; (ii) La telefonía de larga distancia era muy cara; (iii) No existía competencia, los usuarios no tenían ninguna alternativa, aunque su operador fuera la peor empresa del mundo; (iv) Ante la falta de vías de comunicación, el consecuente embotellamiento de la economía y la inseguridad en las carreteras, el nuevo servicio tendría una altísima demanda. Por fin se podría salir de la parroquia y la vereda. 

Las expectativas se superaron ampliamente. Desde la llegada de la televisión en los años 50, ningún otro servicio, había propiciado un cambio social y cultural tan profundo y beneficioso para la democracia y la igualdad económica. Mucho más trascendental si se considera que la TMC fue la vía para la masificación de internet.

De estos primeros 20 años quedan varias experiencias que vale la pena tener en cuenta, antes de que comience la nueva era: los inversionistas nacionales no quisieron o les quedó grande el negocio de la TMC; el dinero que las empresas públicas invirtieron al inicio del negocio se malgastó inútilmente, frente a su bisoñez y la magnitud de los capitales requeridos y el Estado necesita rediseñar profundamente sus funciones de vigilancia y control sobre los operadores, tal como lo evidencia la tardía queja del Presidente de la República respecto de la calidad del servicio.

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