¿Se repite la historia?

Elisabeth Ungar Bleier
15 de marzo de 2017 - 09:00 p. m.

Con su poder corruptor, la firma brasileña Odebrecht penetró las campañas políticas y sobornó a funcionarios públicos del más alto nivel en varios países de América Latina, con el propósito de obtener multimillonarios contratos, bajo la premisa de “yo te doy y tú me das, y así todos ganamos”. Sus actuaciones, que vienen de tiempo atrás, confirman los efectos devastadores de la corrupción y la relación perversa entre el poder político y el poder económico, cuando uno de ellos se pone al servicio del otro para beneficio de unos pocos. Además, ponen de presente que la corrupción ya no es un delito que se circunscribe a las fronteras nacionales, sino que las traspasa, que se ha globalizado, tejiendo complejas y sofisticadas redes entre empresarios, políticos, jueces y funcionarios con la complicidad de entidades financieras.

Además del impacto económico, el caso Lava Jato, del cual Odebrecht es solamente una de sus aristas, ha evidenciado la ineficiencia e ineficacia de los controles a la financiación de las campaña electorales y a los procesos de contratación. En muchos casos, quizás en la mayoría, no por falta de normas, sino por su sistemática violación, por la fragilidad e inoperancia de los controles, por la politización de los organismos electorales y sobre todo porque “el todo vale” para llegar al poder se ha convertido en la ruta más segura para alcanzar los objetivos buscados.

Pero quizás las más alarmantes son las consecuencias y repercusiones políticas, cuyos alcances aún no se pueden valorar en su real magnitud. Cuando la legitimidad de los partidos políticos, el Congreso, la justicia, los órganos de control, las elecciones y en general de la política está en entredicho, escándalos como éste no hacen sino alimentar el descontento y la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, las prácticas y los procesos democráticos. Y esto a su vez se convierte en un caldo de cultivo para que emerjan las opciones populistas, que por lo general se ubican en los extremos del espectro ideológico y que se alimentan de un discurso y de unas propuestas antiestablecimiento, que buscan canalizar el descontento de los ciudadanos y explotar la emotividad y el rechazo que despiertan las actuaciones de quienes los gobiernan.

La política y el manejo de lo público requieren de liderazgos fuertes y legítimos. Pero estos a su vez necesitan instituciones igualmente fuertes y legítimas y una ciudadanía decidida a impedir que la historia se siga repitiendo sin que nada suceda. Esto es particularmente cierto cuando se trata de proteger y cuidar lo público, que pasa por combatir a los corruptos. ¿Cuántos procesos 8.000, cuántos carruseles de la contratación y cuántos Odebrecht necesitamos para que finalmente entendamos que la corrupción nos afecta a todos y que pone en riesgo la democracia?

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar