Sí al desarme

Las escandalosas cifras de homicidios en Colombia—ocho veces más altas que el promedio mundial—, sumadas a las muertes y lesiones por balas perdidas que en estos días han sido noticia, le dan sentido a la propuesta de prohibir el porte de armas con la que se inauguró el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que, al parecer, venía preparando el Gobierno, según lo notificó el consejero presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda.

La iniciativa no sólo no es nueva, sino que ha sido aplicada en forma temporal en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá con resultados exitosos. Más aún, a comienzos de diciembre, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, se mostró a favor de la medida en una entrevista en RCN la Radio de la Noche, con el argumento de que restringir el porte contribuye a disminuir el número de homicidios y mencionó estudios que demuestran que no resulta efectivo portar un arma para evitar ser víctima de actos delincuenciales. “Hemos probado que menos del 1% de las víctimas de secuestro logran evitarlo defendiéndose con su propia arma —dijo—. Portar un arma al cinto no resuelve nada”.

Estudios estadísticos en diferentes países indican que aquellos que permiten el porte de armas tienen mayores índices de homicidio, y Colombia no es la excepción. Aquí son más los que mueren al intentar defenderse de agresores más experimentados, o por peleas, intolerancia o accidente, que por el conflicto armado. Y aunque la eficacia de la restricción sería parcial, pues no incidiría en los actos de la delincuencia organizada y las guerrillas, que adquieren armas en el mercado negro y son combatidas con otras estrategias, la medida ayudaría a disminuir las muertes por accidente que, en situaciones anormales de pérdida de control —ira, intenso dolor, imprevisión, ebriedad...—, causan personas que no son delincuentes. “La ocasión hace al ladrón”, dice el refrán. Mejor, entonces, no llevar armas para evitar la tentación de usarlas ante una provocación y morir en el intento.

¿Que la medida les facilita la vida a los delincuentes? Sí, pero salva vidas. Si como calculan las autoridades entre el 10 y 20% de los homicidios son causados por armas legales, podrían salvarse entre 1.700 y 2.000 vidas al año, entre ellas las de muchos niños. Según un estudio de la Universidad Javeriana, la prohibición de portar armas entre diciembre de 2009 y enero de 2010, en 18 departamentos y capitales, evitó por lo menos 180 muertes.

¿Qué obliga a los ciudadanos a renunciar al derecho a la defensa? No necesariamente, entre otras razones, porque no es absoluto y depende del Estado, que tiene la facultad de permitir o prohibir el uso de armas. El objetivo de la iniciativa es endurecer los requisitos para la venta y concesión de licencias que hoy es muy fácil y se ha convertido en negocio de corruptos; limitar el porte a casos que de verdad lo ameriten; que los consejos de seguridad de las ciudades y departamentos sean los que decidan prohibir o permitir el porte de armas luego de evaluar los riesgos e intensificar los operativos de control.

Si bien el Estado no está en capacidad de garantizar en forma plena la protección y defensa de los ciudadanos en todo el territorio, la solución no es al armamentismo privado. Son de sobra conocidas sus trágicas consecuencias. Restringir el uso de armas forma también parte de la obligación del Estado de disminuir situaciones de riesgo para la población y es sólo parte de una estrategia integral de seguridad y convivencia ciudadana que vale la pena aplicar allí donde las circunstancias lo permitan. Es una forma para que, aunque sea poco a poco, avancemos hacia la construcción de una sociedad civilista y civilizada que privilegie la solución de los conflictos por las vías institucionales y no a punta de bala.