Si no ahora, ¿cuándo?

En estos días de dolor de patria varios analistas han propuesto aprovechar positivamente el “debacle de La Haya” para realizar una revisión y formular una reingeniería exhaustiva del aparato diplomático de Colombia.

No obstante, para que tales reclamos surtan algún efecto distinto a la simple denuncia, hay que tener de presente la diferencia entre lo que es deseable y lo que es posible.

Mientras los honorables legisladores se rasgan las vestiduras por la pérdida de territorio marítimo y exigen desacatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y los dirigentes del Polo Democrático proponen hacerles un juicio político a los presidentes Pastrana, Uribe y Santos por su deficiente labor, el problema estructural de fondo sigue sin tocarse.

Daniel Samper Pizano alude a éste en El Tiempo al sugerir que la política exterior de Colombia se ha manejado como “patrimonio social de la oligarquía bogotana y patrimonio político del gobernante de turno”. También atina Armando Montenegro cuando afirma en El Espectador que los criterios de amiguismo y politiquería que se utilizan para hacer nombramientos en embajadas y consulados son el principal obstáculo para formar un cuerpo diplomático profesional y eficiente a la altura que el país debe ocupar en el concierto internacional.

Pero la cuestión va mucho más hondo. Pese a que la clase política y económica colombiana, tanto la “metropolitana” como la “terrateniente”, es parroquial y desconoce los asuntos mundiales, se siente con derecho a ocupar los puestos diplomáticos que existen para manejar éstos. Tiene además la vergonzosa costumbre de arrastrar a cuanta gente “suya” sea posible para preservar su acervo elitista en el exterior.

Frente a este rancio sistema, que carcome a la diplomacia colombiana, ningún mandatario se ha atrevido a actuar. Tampoco el Congreso, principal responsable de ejercer veeduría sobre lo que hace (o no hace) el Ejecutivo. Ambas cámaras tienen una comisión, la Segunda, encargada de las relaciones internacionales, pero son escasos sus debates e iniciativa legislativa. Incluso, la mayoría considera un castigo pertenecer a ella. ¡Cuán distinta es la situación en EE.UU., Brasil o incluso Chile y México, donde los legisladores no sólo opinan sino que actúan sobre asuntos de política exterior! Entre 2010 y 2014, la Cámara y el Senado colombianos presentaron sólo cinco proyectos de ley sobre tales problemas. Además del desconocimiento y el desinterés, los congresistas, sus familiares y amigos políticos están entre los principales beneficiados del statu quo. De allí que los pocos intentos por reformar el servicio exterior y la carrera diplomática se han archivado.

El parroquialismo y el sentido de derecho de las élites —que van de la mano— son parte de la cultura política colombiana. Tristemente es lo que hay y suponer que puede transformarse de un tajo, que sería lo deseable, es imposible. El chiste es proponer correctivos que también son posibles. Entre ellos se podrían contemplar algunos: exámenes de idoneidad para todos los que van a ejercer cargos diplomáticos, cursos de formación integral, procedimientos rigurosos de rendición de cuentas, mayor transparencia en los nombramientos y la inclusión de expertos internacionalistas en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Colombia hoy no puede aspirar a emular a Brasil. Pero tampoco debe renunciar a tener una diplomacia de “república bananera”. Si no es ahora, ¿cuándo?