Sin juez imparcial

Cecilia Orozco Tascón
11 de junio de 2013 - 11:00 p. m.

Tenía buen concepto de Sandra Morelli de quien había conocido, tangencialmente, su ascenso profesional.

 Pero su elección como Contralora General, en una sorpresiva jornada en el Congreso durante la cual obtuvo, en 2010, más de 200 votos que hasta el día anterior eran para su contendor, el cuestionado abogado Alberto Rojas Ríos, me desilusionó porque la maniobra de cambiar en 24 horas de bando a los parlamentarios, no se logra elevando rezos al Señor. Escribí entonces una columna en contra de esa elección, cuyo resultado se le atribuyó al intenso lobby del presidente Santos y, sobre todo, del procurador Ordóñez. Amigos de la contralora la enfilaron contra mí. No les dieron resultado sus murmuraciones perversas pero desde ese momento se dictó sentencia en mi contra. Alrededor de un año después fui informada por un reportero que trabajaba bajo mi dirección, de que alguien de la Contraloría cuyo nombre me reservo, le había pedido que averiguara, sin contarme, quiénes eran mis fuentes en un caso que involucraba a una asesora de Morelli. Ese periodista y otro más, que también estuvo vinculado al medio que dirijo, fueron beneficiados, más tarde, por la entidad fiscal con contratos de muy buena remuneración. El último de los nombrados visitó, al menos en dos ocasiones y en días y horas en que la sala de redacción no trabaja, instalaciones de la Red Independiente, luego de que publicáramos datos y un video sobre una querella entre los vecinos de Morelli y esta.

Simultáneamente comenté en esta columna, la prepotencia con que ella enfrentaba el pleito vecinal. Fue Troya. La intocable interpuso una tutela contra los medios que me acogen y contra mí con el argumento peregrino de que por criticar su actitud, había violado los derechos de un menor. Antes y después de la demanda, Morelli expuso su vida privada y familiar en entrevistas mediáticas. Sin importar el hecho contundente de que no puede haber violación a una intimidad revelada por el poseedor de la misma, ni tampoco el de que A. no se divulgó la identidad del menor. B. No hay rasgo físico distintivo suyo que haya sido expuesto C. El sujeto de controversia era la adulta Morelli y no el menor, una jueza adaptó la realidad a los intereses de la contralora. Y una sala del Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la sanción, con un fraseo contradictorio: “es cierto que no hubo divulgación de los menores, tampoco imagen alguna que con claridad lleve a la identificación…”. Añade: “empero hubo divulgación de otros datos…” Según se concluye, haber dicho “el pequeño hijo de…” daba mérito para restringir los derechos de información y de opinión. La confusión del fallo siguió: “no obstante… esa limitante (a los medios y a mí) no opera entratándose (sic) de personas afectadas (vecinos) con el comportamiento de estos menores, y pueden optar por promover acciones legales en (su) defensa, haciendo valer la filmación obtenida de un lugar… que no es un recinto reservado como para poder aseverar la violación de la privacidad… del menor…”

¡Los argumentos de nuestra defensa!, que fueron desechados para podernos castigar, fueron validados en cuanto a los querellantes. ¿Se trata, en consecuencia, de que la prensa no divulgue verdades que afectan a los poderosos? Malos tiempos para la libertad de expresión. De los tres magistrados que firmaron la decisión, uno, Jorge Eduardo Ferreira, ha estado en listas para ascender a la Corte Suprema adonde no llega nadie con oposición de la del crucero. La segunda, Clara Inés Márquez Bulla, fue quien le compró el tiquete a Ruth Marina Díaz. Esta es, a su vez, cercana aliada de Alejandro Ordóñez. Y él, el elector y protector de Díaz y de Morelli ¿Ustedes creen que puedo tener un juez imparcial en Colombia?

 

 

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