“Slow track”: la justicia por el camino viejo

Para bien o para mal —ojalá sea para bien—, el proceso de paz de Santos es la revolución política más trascendental desde el Frente Nacional, hace casi 60 años. En sociedades tan convulsionadas como la nuestra, lo político supera fácilmente el marco jurídico existente. En el caso del acuerdo que se firmó con las Farc, seguramente no había otra opción que una justicia especial.

Mientras tanto languidece en su morosidad la justicia cotidiana, la de los conflictos menos llamativos para la opinión pública, pero decisivos para la otra paz, la que se merecen también los que no estuvieron en el monte. Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, distinguido jurista y hasta hace poco consejero de Estado, ya debía estar agobiado de caminar rodeado de expedientes que inundan y desbordan todos los despachos judiciales de Colombia. Un colapso silente que les quedó grande a los legisladores y el Ejecutivo.

En la jurisdicción contencioso-administrativa la cuestión es especialmente preocupante, pues se involucran intereses públicos y se determina la protección de los ciudadanos frente a los abusos de la actividad estatal.

Recientemente, uno de los miles de abogados que se ganan la vida llevando pleitos le solicitó al Consejo de Estado que dictara sentencia en un caso cuya demanda se presentó en 2007. El correspondiente despacho respondió que el asunto no se fallará antes de ocho años. Es decir, la justicia se tardará por lo menos ¡quince años! para decidir.

La simple admisión de una demanda es una odisea. Una solicitud de suspensión provisional —medida cautelar de carácter urgente para impedir que rija un acto administrativo manifiestamente ilegal— se puede demorar más dos años en resolverse.

En la Rama Ejecutiva muchos funcionarios públicos —corruptos o incompetentes— deciden como se les da la gana en contra de la Constitución y de las leyes. Se parapetan en las graves deficiencias de nuestro sistema judicial. Están seguros de que quedarán impunes sus acciones y omisiones ilícitas, pues cuando el asunto se decida ya estarán disfrutando de su pensión y no habrá cómo perseguirlos para que resarzan los perjuicios que causaron.

Por ese camino viejo de la justicia nunca habrá paz.

@jcgomez_j