Sobre el caso Andino

Por Boris Rojas*

Fuera de toda duda la necesidad insoslayable de verdad y justicia en el “caso Andino”. El editorial de El Espectador bien lo subraya, pero a la vez parece quejarse o por lo menos preocuparse de que “los procesos contra los capturados por la Fiscalía siguen sin dar la primera condena”. La pregunta necesaria es: ¿la acción rápida y eficaz de la justicia hace obligatoria una condena?

No es dable en pos de la celeridad y la eficiencia pasar por encima de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la responsabilidad penal individual, el pro homine, la búsqueda de la justicia y la verdad que merece toda la sociedad colombiana, en este y en otros casos.

Mateo Gutiérrez y Stiven Buitrago fueron eficientemente capturados y rápidamente acusados por los medios —incluso condenados por algunos— como terroristas y miembros del Mrp. Stiven estuvo preso un año y salió absuelto. Mateo estuvo preso 21 meses y salió absuelto.

Las tendencias que en Colombia quieren imponer el derecho penal de enemigo plantean estas absoluciones como debilidad de los jueces, cuando no de complicidad o maniobras de izquierdistas leguleyos que por ineptitud o interés no condenan, amparándose en tecnicismos jurídicos, sobre todo cuando se trata de simpatizantes de la izquierda.

Esas visiones no son ajenas al “sentido común” de algunos medios de comunicación, que con ideas generales y opiniones tan comunes que carecen de sentido, pero que como poder simbólico estructuran conceptos y tendencias en la opinión pública. Favorables a ese “sentido común” que indica: son enemigos del Estado (de izquierda, de oposición, ambientalistas, líderes sociales o las brujas que estén en temporada de caza en el momento político), luego deben ser condenados.

En otros lugares políticos, quienes creen en el Estado social de derecho definido por la Constitución orientan su pensar hacia el respeto a las garantías jurídicas universales o principios como los ya mencionados.

Esa mirada respetuosa por naturaleza del humanismo no tarda en identificar cómo, en las absoluciones de Mateo y Stiven, se puso en evidencia el modus operandi de una Fiscalía que usa el montaje judicial como herramienta y comodín a la hora de dar resultados.

El mismo objetivo del otro “falso positivo”: dar resultados en bajas, capturas, acciones, neutralizaciones, bombardeos, tan útiles para aumentar la percepción de seguridad y gobernabilidad al precio de la descomposición social y nacional. Una nimiedad.

El mismo exfiscal cuestionado, investigado, a todas luces comprometido en irregularidades, se comprometió a condenarnos, pero derrumbados los montajes contra Stiven y Mateo, dejó a sus subalternos la tarea de emplear a fondo un arsenal de mentiras y falsos testimonios tejidos, esta vez de tal forma que el “material” del segundo montaje, que busca vincularnos al Eln, garantice una condena en el primer montaje que es el caso Andino.

La independencia del periodismo no es tal cuando es autorizada por el poder; muy al contrario, tiene campo cuando las dudas del débil son horizontes más amplios que las certezas del fuerte. Y las certezas de la Fiscalía en el caso Andino son muy parecidas a los casos Hazbún, Sigifredo López, Marco Emilio Zabala, Jorge Argiro Tobón, Stiven Buitrago o Mateo Gutiérrez.

Más aun en el contexto del crimen del Andino: con un innegable fin político; con un talante como el de Néstor Humberto Martínez y con inusitado avance del derecho penal de enemigo en el ambiente jurídico colombiano, esas certezas oficiales sirven para ocultar un horizonte tenebroso que amenaza la seguridad, la gobernabilidad y a personajes oscuros que rondan las instituciones.

Solo la independencia del pensamiento permite preguntarse e indagar sobre realidades complejas. Eso es un imperativo del periodismo, claro, si se quiere preservar el Estado social de derecho.

La calculada rapidez, la altísima eficacia, el ordenado y burocrático apego a las formas fueron baluartes muy valorados en Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka... Nos lo cuenta la historia.

*Preso por el montaje del caso Andino.