Por: César Ferrari

Sobre el desarrollo de una economía de posguerra

El desarrollo rural integral previsto por el Acuerdo Final de Paz es crucial para la consolidación de la paz en Colombia y el desarrollo del país. A partir de este desarrollo rural, los desmovilizados, así como los pequeños campesinos con quienes seguramente convivirán en las áreas afectadas, deberían lograr un ingreso decoroso, legal, que les permita una vida digna y los asiente en la tierra. Solo así, podrían minimizarse las tentaciones de ingreso fácil y rápido a partir de actividades productivas ilegales o de la retoma de las armas para fines delincuenciales. 

Ese desarrollo integral incluiría actividades económicas, principalmente de carácter rural, a cargo de dichos beneficiarios. Pero para que sean exitosas, asociados a las mismas, deberían desarrollarse proyectos de inversión complementarios. Ambos deberían ser de naturaleza agrícola, pecuaria, agroindustrial, de turismo receptivo, artesanía, y de los correspondientes procesos de transformación, transporte y comercialización. Es importante asegurar este encadenamiento productivo, que incluso permita llegar del productor rural al consumidor urbano directamente, como una manera de garantizar la rentabilidad de las actividades de los beneficiarios.

Los proyectos de inversión complementarios deberían ubicarse en zonas próximas a los predios donde se originen los productos que deben transformar, transportar y comercializar. Los proyectos deberían satisfacer condiciones de rentabilidad privada, rentabilidad social, sostenimiento e impacto ambiental positivo.

Podrían ser, por ejemplo: la construcción de un matadero para el sacrificio de animales, la construcción de una planta de embutidos o de transformación de cacao, la construcción de depósitos y la instalación de maquinaria para embalar frutas, la construcción de posadas y albergues turísticos, así como la construcción de pequeñas plantas de energía, o infraestructura de captación, canalización y tratamiento de recursos hídricos, que sirvan a los proyectos anteriores. Es importante que los campesinos mismos participen en la definición de sus actividades y de sus proyectos.

Los proyectos de transformación, transporte y comercialización deberían organizarse en empresas cooperativas de tal manera que los recursos tengan un alcance social mayor, sin perjuicio de que las actividades que originen los bienes y servicios que procesen sean desarrolladas individualmente, preferentemente por los campesinos y pequeños propietarios ligados a los proyectos.

Usualmente, los ingresos de los campesinos son reducidos porque lo que les queda como ingreso es el residuo del precio que paga el consumidor; la mayor parte de ese precio cubre la transformación, la comercialización y el transporte, sus costos y utilidades. Ello no ocurriría así si las utilidades de estas últimas son apropiadas por los campesinos porque son desarrolladas a través de cooperativas de su propiedad.  

El éxito de las actividades económicas de los beneficiarios y sus proyectos de inversión depende de una serie de factores, muchos de los cuales van más allá de sus voluntades y sus esfuerzos. Para ese propósito, la cooperación internacional y las universidades deberían proveer asistencia técnica apropiada y, en particular, las política económicas nacionales (monetarias, fiscales y regulatorias) deberían contribuir a la rentabilización del sector rural.

Ello implica una tasa de cambio elevada y sostenida, financiamiento adecuado para actividades y proyectos a tasas de interés reducidas compatibles a nivel internacional, inversiones fiscales para la construcción de vías de segundo y tercer nivel y comunicaciones que permitan contactar a los productores y sus áreas de intervención con los mercados de manera eficiente, y una asistencia técnica apropiada a los productores para mejorar su productividad y su organización empresarial. ¡Un enorme desafío para todo el país!

*Profesor Titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

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