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Andreas Forer 12 Abr 2013 - 11:00 pm

Las solicitudes de reparación de las víctimas de las Bacrim: un debate en punto del conflicto armado

Andreas Forer

Esta semana se informó a la opinión pública que "se dispararon" las solicitudes de reparación de víctimas de las Bacrim.

Por: Andreas Forer
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    http://www.elespectador.com/opinion/solicitudes-de-reparacion-de-victimas-de-bacrim-un-deba-columna-415671
    http://tinyurl.com/c984e5r
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En efecto, la Unidad de Víctimas reporta que el año pasado 12.165 personas declararon haber sido víctimas de tales grupos. Es más, en algunas regiones del país sólo se reportan víctimas de las Bacrim, según las versiones de los personeros municipales.

Tal masivo fenómeno contrasta con la limitación establecida en el artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), según la cual se considerarán víctimas aquellas que hubieren sufrido un daño como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH, “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Es decir, para efectos de acceder a los programas de reparación, asistencia y atención, únicamente se tendrán como víctimas las de los grupos o actores del conflicto armado, tales como, las FARC o las AUC; sin embargo, hasta la fecha, no se ha reconocido que las Bacrim hagan parte del conflicto armado.

Dado lo anterior, los personeros han solicitado al Gobierno que se amplíe el universo de las víctimas a quienes se aplicará la Ley 1448 de 2011 y se incluya a las víctimas de las bandas criminales. Además de la reparación, tal solicitud pone de presente un profundo e interesante debate sobre la naturaleza de las Bacrim. Sobre éste tópico me referiré a continuación.

Cuando el proyecto de ley de víctimas se tramitaba en el Congreso, en la columna de 11 de marzo de 2011 titulada ¿Reparación para las víctimas de las Bacrim?, afirmé que la estructura y forma de actuar de tales grupos correspondía más a un fenómeno de delincuencia común que a uno con las características de ‘grupo armado organizado’ en los términos del artículo 1 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, según el cual, para predicar la existencia de un conflicto armado, se requiere que (i) exista de un grupo armado organizado, ii) que opere bajo la dirección de un mando responsable, iii) ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que iii) les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y iv) aplicar el Protocolo.

Sin embargo, a día de hoy, creo que existen otras consideraciones fácticas y jurídicas que eventualmente darían lugar a otro tipo de conclusiones. En primer lugar, con base en la información que se publica día a día en los periódicos y noticieros, lo cierto es que algunos de los grupos calificados como Bacrim sí cumplen con tales requisitos: son grupos con mandos definidos, con control territorial y que realizan operaciones militares de la naturaleza requerida.

De otra parte, desde el punto de vista jurídico, y más allá de las críticas que se pueden formular en su contra, lo cierto es que valdría la pena examinar el concepto de conflicto armado y sus elementos a la luz de la sentencia de primera instancia de la CPI en contra de Thoma Lubanga Dyilo, proferida el día 14 de marzo de 2012. Según dicha decisión, para efectos de demostrar el “conflicto armado” no se requiere acreditar todos los elementos del artículo 1 del Protocolo II Adicional, sino que bastaría con acreditar (i) “el suficiente grado de organización” de los grupos organizados, así como (ii) su capacidad de “ejercer violencia prolongada”, conforme al artículo 8 (2) (f) del E. de R. A simple vista, a la luz de estos últimos elementos, un buen número de bandas criminales podrían considerarse como actores del conflicto armado dado que gozan de suficiente grado de organización y han ejercido violencia permanente: el actuar de algunas Bacrim no se puede calificar de “meros disturbios, motines o tensiones esporádicas”.

En suma, existen consideraciones fácticas y jurídicas que impiden que en la actualidad se pueda afirmar definitiva y categóricamente que, en su conjunto, las Bacrim hacen o no parte del conflicto armado, por el contrario, el análisis deberá realizarse caso por caso. En mi opinión, algunos de tales grupos si cumplen las condiciones necesarias para que sean considerados grupos armados organizados para efectos de que se consideren como actores del conflicto armado.

En Twitter: @andreasforer

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Rubén25

Sab, 04/13/2013 - 16:11
A esto habría que agregarle que la condición de víctima es fáctica y no depende de la identificación, aprehensión o juzgamiento del victimario ( principios internacionales de la ONU y en las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011) En efecto, como estas violaciones de las bacrim permanecen en la impunidad mal haría el Estado con trasladar la carga de la prueba a la víctima, máxime cuando el Estado es quien debe prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones. Por otro lado, segun las sentencias C 253A de 2012 y C 781 de 2012, No se puede desechar un caso de una víctima en abstracto sino que en cada caso concreto se tendrá que estudiar el nexo de causalidad entre el hecho vicitmizante y el conflcito armado interno, Y en caso de duda, aplicar el principio pro víctima y homine.
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elespectado

Sab, 04/13/2013 - 13:06
Por las características de sus actuaciones, considero que encajarían dentro de los actores del conflicto armado interno (sin connotación política alguna)
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pachu_zarte

Sab, 04/13/2013 - 10:51
O SEA QUE las víctimas antes de serlo deberían escoger muy bien, analizando concienzudamente y haciendo una profunda investigación para darles el visto bueno al grupo que los ha de joder y asesinar, para en un lejano futuro aspirar a una reparación...lindo.
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JohannesPaul

Sab, 04/13/2013 - 08:15
Muy buen análisis en 'pureza jurídica'. Y pragmático, como quizá deber ser.Sin embargo, podría pensarse que la reflexión sobre las Bacrim y el ajuste de su actuar al DIH no debería reducirse a lo 'jurídico' por sus implicaciones. En temas de violencia es deseable acompañar el debate con otras miradas, especialmente, en punto de la construcción del Estado de Derecho en un país que no lo ha logrado.Así, algunos creemos que más allá del imperativo jurídico que obliga a llamar 'parte' de un conflicto a cualquier grupo violento que cumpla los planos requisitos del DIH, habría un imperativo ético del Estado y de la sociedad colombiana que debería impedirlo en caso Bacrim por sus implicaciones, por ejemplo, que se lleguen a conceder beneficios (como debe ser) para quien es 'parte' en un conflicto
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