Por: Carolina Botero Cabrera

Soluciones en busca de problemas

Hace poco MinTIC sometió a consulta pública un borrador de decreto para reglamentar los Servicios Ciudadanos Digitales (sí, otra vez carpeta ciudadana).

El decreto buscaría fijar las reglas de juego para que la ciudadanía acceda a los servicios del Estado por medios electrónicos. Recoge los proyectos de interoperabilidad (que los sistemas incompatibles puedan comunicarse entre sí), autenticación (proceso para verificar que una persona es quien dice ser) y “Carpeta Ciudadana” (un espacio de almacenamiento personal para trámites con el Estado) del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018).

De los tres servicios, los dos primeros ya existen en diferentes niveles de desarrollo y tienen normas asociadas. La Carpeta Ciudadana aún no existe. Aunque hoy podemos hacer trámites en línea, esta iniciativa va más allá y pretende administrar toda la información que el Estado tiene de las personas. Es ambicioso en muchas formas sobre todo si consideramos que ni la mitad de los colombianos accede a internet. El decreto debería exigir que toda entidad pública mantenga trámites fuera de línea pues de eso depende el ejercicio de derechos humanos de los no conectados.

El modelo incluye a múltiples operadores privados para cada uno de los servicios (interoperabilidad, autenticación y carpeta) y un rol para la Registraduría y su biometría. Un “articulador” coordinará a los operadores, inicialmente será el MinTIC pero todo indica que será tercerizado. Ese articulador definirá lineamientos y estándares a los operadores, hará seguimiento y vigilará el sistema. La consulta no ofrecía suficiente información técnica sobre el sistema, así supongo que eso de proteger nuestra privacidad será esencialmente del articulador pues define lineamientos, por ejemplo. Se trata de otro ejemplo de delegación de funciones estatales en privados, que tienen régimen de responsabilidad muy diferente, y con facultades de superpoderosos.

No me queda claro que necesitemos la carpeta como política pública universal, pero si va a existir como mínimo el Estado no puede lavarse las manos. La vulnerabilidad de los sistemas que almacenan y controlan datos personales es una realidad. Es grave que se filtre la información de los pacientes de una clínica; es gravísimo que se filtre la del sistema de EPS del gobierno. Imagínense que se filtre toda la información de sus trámites con el Estado.

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