Subasta inefectiva

La semana pasada se divulgaron las condiciones de la subasta para el otorgamiento de licencias de internet de alta velocidad, denominado 4G.

Luego del debate del Congreso y las múltiples indefiniciones gubernamentales, los detalles del reglamento revelan la confusión que ha predominado en los últimos quince años.

No se ha entendido que el sector de las telecomunicaciones no funciona como otras actividades. Cuando se privatizó Telecom, sus promotores defendieron la operación como una forma de impulsar la competencia y la eficiencia. No se advirtió que las concepciones de competencia están fundamentadas en una visión idealista del mundo. No se cumplen en los sectores de economías de escala, donde los costos medios de operación disminuyen con la escala de producción. Los productores individuales, o las alianzas, que logran el mayor tamaño ofrecerán el producto a menor precio y desplazar a los competidores.

La verdad es que el país se equivocó en materia grave en la organización administrativa de las telecomunicaciones. Debido a los elevados costos fijos que caracterizan las actividades de alta tecnología, el sistema está expuesto a excepcionales economías de escala. Paradójicamente, los estímulos del mercado conducen a una estructura altamente concentrada. Así, Claro opera en la telefonía móvil con una participación de 65% y costos que corresponden a la mitad del promedio de la competencia, en tanto que en la televisión lo hace en condiciones menores. En ambos mercados revela una abierta posición dominante.

El reglamento de la subasta representa un esfuerzo desesperado por regular el mercado. El Gobierno estableció dos bloques de espectros reservados exclusivamente para operadores centrados en las bandas AWS y 2.500 MHZ. Claro sólo participará en la banda de 2.500 MHZ, que requiere mayores inversiones en infraestructura de antenas. Adicionalmente, el precio por bloque de 30 MHZ quedó en $57.000 millones para la banda de 2.500 y en $105.360 millones para AWS.

Ciertamente, las condiciones de acceso serán más onerosas para Claro. Sin embargo, las diferencias están muy lejos de compensar la reducción de costos determinada por el tamaño. Mal podría esperarse que una subasta que genera un valor de $560 mil millones y le cuesta $75.000 millones a Claro pueda modificar en forma considerable los balances de la empresa, que exhibe utilidades anuales de $5,5 billones y Ebitda de 60%.

Las empresas grandes han conseguido una ventaja por su tamaño, que no puede ser contrarrestado fácilmente por medidas de desestímulo de precios, en parte porque afectan a los usuarios. Así, la ventaja que Claro obtiene por el predominio en la telefonía móvil y la televisión tenderá a trasladarse a otras áreas. De seguro procederá a empaquetar los servicios para ofrecer internet móvil a tarifas por debajo de los competidores y tomarse la mitad del mercado, donde está la crema de la demanda.

Estamos ante la repetición de los errores. La gran falla de las comunicaciones estuvo en desconocer que la competencia para ofrecer el producto a menor costo llevaba al predominio de un reducido grupo, y ahora pretende revertirlo con subastas y desestímulos de precios. Al igual que en otras áreas de la economía, los insucesos de las privatizaciones no se pueden subsanar con las visiones de libre mercado que los causaron. Lo mínimo que se requiere para enfrentar la concentración de las telecomunicaciones es una política que limite la participación de operadores en el mercado y propicie las empresas estatales.