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María Elvira Samper 3 Nov 2012 - 11:00 pm

Por sus actos los conoceréis

María Elvira Samper

Si algo caracteriza a los cruzados, no importa la época ni la causa —contra los cátaros, las brujas, los musulmanes, los judíos, la izquierda, los homosexuales, el aborto, la eutanasia…— es que nunca bajan la guardia, que siempre tienen la lanza en ristre. Sin embargo, pierden batallas y esta semana cruzados criollos perdieron dos.

Por: María Elvira Samper
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Una derrota la sufrió el procurador Ordóñez, el gran cruzado lefebrista, quien como parte de su conocida cacería de brujas pretendía que los jueces reportaran a su despacho los nombres de las mujeres que, por vía de tutela, han pedido la interrupción del embarazo. El Consejo Superior de la Judicatura le respondió con un “no” rotundo, recordándole el fallo de la Corte Constitucional que ordena proteger la identidad e intimidad de las mujeres que abortan, reserva que cobija todos los casos y no sólo los que están despenalizados.

La segunda batalla la perdió un cruzado mucho menos poderoso que Ordóñez, pero también servidor público: el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, un pastor evangélico que se autoproclama “concejal de la familia”. La perdió frente al Canal Capital, cuyo director, Hollman Morris, se negó a contestar, por razones éticas, un cuestionario del concejal que buscaba información para hacer un debate de control político, que incluía preguntas sobre el número de personas de la comunidad LGTBI que trabajan en el canal, el tipo de cargos y de contratos, el monto de los salarios u honorarios y algunas más sobre El Sofá, programa dirigido a esa comunidad.

El cuestionario no sólo delata los prejuicios del pastor contra las personas no heterosexuales, sino que revela su desconocimiento de la Constitución, cuyo artículo 13 garantiza la igualdad de derechos, libertades y oportunidades para todas las personas sin discriminación “por razones de sexo, raza, lengua, religión, opinión pública o filosofía”, y de sentencias de la Corte Constitucional como la que destaca el carácter privado de la orientación sexual y “la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales” como un derecho fundamental que implica “la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social” (C-481 de 1998), o la que prohíbe la discriminación laboral por razones de orientación sexual (T-152 de 2007), entre otras.

La homofobia —que también sufre el procurador, además de otros temores morbosos— carece de argumentos racionales que la justifiquen. Es un prejuicio basado en la creencia subjetiva de la superioridad moral de la heterosexualidad y una forma de discriminación que opera en sociedades excluyentes e intolerantes como la nuestra, que permiten que unos se arroguen el derecho de negarles derechos a otros que son, piensan y sienten diferente. Y si bien es cierto que la legislación colombiana registra importantes avances en la protección de los derechos de las personas con orientación sexual diversa, es evidente que subsiste una gran brecha entre las leyes y la realidad, y que esa brecha se profundiza cuando son funcionarios al servicio del Estado y de la comunidad, cuya obligación primera es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, los que adelantan acciones y exhiben actitudes y comportamientos claramente discriminatorios.

Es evidente que ni en el poderoso procurador Ordóñez —en plan de reelección—, ni en el concejal Ramírez ha calado el espíritu garantista de la Carta Política y el discurso jurídico de los derechos humanos, factores fundamentales para la construcción de una sociedad verdaderamente pluralista y democrática, respetuosa de las diferencias.

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