Por: Carolina Botero Cabrera

Taxímetros por “apps”, política de la improvisación

Con expresiones optimistas como “las quejas por las tarifas de taxímetros adulterados serán una cosa del pasado” o “se acabó el muñeco”, nos presentan la decisión de Bogotá de reemplazar los taxímetros por apps, pero realmente ¿de eso tan bueno sí dan tanto? 

Además de que estas expresiones asumen la infalibilidad de las apps (nada más falso que eso), ignoran discusiones de privacidad. Se mencionan preocupaciones importantes sobre el costo para taxistas, el impacto para usuarios —¿entenderán?, ¿necesitan smartphone?—, el riesgo del robo, el ridículo plazo, pero poco se habla de datos y algoritmos. 

A diferencia del taxímetro, que no es más que una calculadora, el app es más sofisticada. Es un software para recoger, almacenar y usar datos de clientes, de choferes, de movilidad y mapas. El app se inspira en servicios como Uber que han protagonizado no pocos escándalos por vulneración y abuso de la privacidad. Esto, como mínimo, una política pública no puede ignorarlo. Por tanto, ¿quién, cómo y dónde van a alojar los datos? ¿Quién y para qué los van a acceder? ¿Qué usos les van a dar? ¿Se comercializarán? ¿Cuáles son los mapas que van a usar? ¿El Gobierno va a usar los datos? ¿Cómo enfrentarán la ausencia de políticas nacionales para guiar el aprovechamiento responsable?

Mucho se dice de la maravilla del algoritmo que administrará los apps. El papel lo aguanta todo, pero desarrollar, usar, aplicar, sostener y mantener un algoritmo no solo es muy costoso, supone también retos importantes para la privacidad. Las discusiones actuales se refieren mínimo a los riesgos discriminatorios del algoritmo y a la necesidad de exigir su transparencia —permitir que el código lo audite cualquiera—.

Estas son discusiones básicas que se salta el Gobierno de Bogotá. Parece improvisar, olvidar que las políticas públicas deben basarse en la evidencia, incluir análisis de impacto en derechos humanos y requieren reflexión y participación ciudadana. Una cosa es que una empresa “innove” con un servicio que algunas personas deciden usar y otra usar el poder público para imponer a una población una solución determinada. El tema merece más análisis, debemos hacer preguntas y buscar respuestas. Pongámoslo en la agenda y hagámosle seguimiento.

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