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Yesid Reyes Alvarado 6 Dic 2012 - 11:00 pm

Tecnología y burocracia

Yesid Reyes Alvarado

Buena parte del embotellamiento de nuestra administración de justicia tiene que ver con problemas de gestión.

Por: Yesid Reyes Alvarado
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Por eso es bueno ver que la Corte utiliza cada vez más medios electrónicos para enviar notificaciones y citaciones, que permite la consulta en línea de los procesos que allí se tramitan y que recurre muy frecuentemente a las videoconferencias para recibir testimonios de personas que se encuentran en otras ciudades. También es reconfortante el anuncio de la ministra de Justicia en el sentido de impulsar la puesta en funcionamiento de plataformas tecnológicas que permitirán el acceso en línea a la justicia. De concretarse esta idea, se podrán adelantar virtualmente muchas de las actuaciones procesales que hoy requieren desplazamientos de personas y traslado físico de toneladas de documentos impresos. El fiscal general, por su parte, lidera una gran reestructuración de la entidad, alrededor de un concepto que bien diseñado puede ser de gran utilidad, como es el de la priorización de las investigaciones penales.

Sin embargo, como ni la Fiscalía ni el Consejo Superior de la Judicatura asignan a todos sus funcionarios correos electrónicos institucionales, son pocos los que pueden acudir a este instrumento para enviar comunicaciones relacionadas con su trabajo; la gran mayoría de citaciones se sigue haciendo a través de la lenta y costosa correspondencia física. Al no contar con las instalaciones y equipos suficientes en fiscalías y juzgados es difícil practicar diligencias a través de medios electrónicos, lo que obliga a recurrir a mecanismos jurídicamente menos eficientes, como el de los despachos comisorios, o al oneroso desplazamiento de personal. Según el Inpec, en el año 2010 se hicieron 250.000 traslados de detenidos a despachos judiciales, que le costaron al Estado 1,5 billones de pesos. La utilización de videoconferencias en estos casos no sólo hubiera ahorrado una gran cantidad de dinero y tiempo, sino que además habría reducido considerablemente las posibilidades de fuga.

Otro factor de perturbación está constituido por las formalidades extralegales que en la práctica se van imponiendo por algunos funcionarios y contra las cuales poco se puede hacer. Ejemplos: si bien hay jurisprudencia de la Corte obligando a suministrar información al indiciado sobre los hechos por los que ha sido denunciado, es cada vez más frecuente que en la Fiscalía se rehúsen a entregarla. Aun cuando teóricamente debe haber un trabajo armónico del ente investigador con las víctimas, proliferan los casos en los que se trabaja a espaldas de ellas. Mientras en algunos juzgados se facilitan las copias digitales de las audiencias, otros optan por exigir que el trámite se haga a través del Centro de Despachos Judiciales, lo que puede tardar incluso semanas. Pese a que se creía un requisito desaparecido hace muchos años, desde la Vicefiscalía se exige ahora que la designación del suplente tenga presentación personal del abogado principal.

Ojalá alguien se encargue de corregir estas y otras conductas sin sustento legal antes de que se generalicen, como suele ocurrir con tantas ideas surgidas desde la comodidad de la burocracia.

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