Por: Oscar Guardiola-Rivera

Telarañas

Uno de los sabios de la antigua Grecia, Anacarsis, que no era griego, solía decir que la ley es como las telarañas. Los casos del banco HSBC en Gran Bretaña y Chiquita Brands en Colombia y EE.UU. le dan la razón al sabio. Esta semana se reveló que HSBC pagará 1,9 miles de millones de dólares para llegar a un acuerdo por fuera de la Corte con el Gobierno Federal estadounidense y hacer a un lado cargos criminales por lavado de activos.

No hablamos de un banco fantasma en el Caribe, sino del banco más grande de Europa en términos de su valor de mercado, cuya publicidad lo presenta como el más global del mundo. HSBC fue acusado en Estados Unidos por violar el Bank Secrecy Act y el Trading with the Enemy Act; precisamente por eso: por acostarse con el enemigo, negociar con el enemigo, recibir su dinero y lavarlo. En este caso, ante todo, los carteles mejicanos.

Un comité investigativo del Senado estadounidense ha concluido que entre 2007 y 2008 el HSBC Méjico envió a los Estados Unidos unos 7 miles de millones de dólares, y que semejante cuantía indicaba la presencia de dineros del narcotráfico.

El anuncio del acuerdo entre las partes se hará el próximo martes. El banco se ha dado golpes de pecho. Ha afirmado su voluntad de tener más cuidado en adelante, y agradece las lecciones aprendidas durante las conversaciones con el Gobierno Federal y el Senado.

Pero nadie irá a la cárcel. Como el periodista Ed Vulliamy ha denunciado, el presidente de HSBC en la época ha sido premiado con un puesto en el alto Gobierno británico, encargado del comercio bilateral. Por lo menos ahora sabemos quiénes son los que se benefician del narcotráfico. Y no son sólo los que creíamos.

De manera algo similar, Chiquita Brands ha firmado un trato con el Gobierno Federal que incluye el pago de otra multa más o menos simbólica, por haberse acostado con el enemigo y financiado al enemigo. En este caso, los paramilitares colombianos, desde 1997 mediante las Convivir utilizadas por los gobiernos desde Gaviria hasta Uribe y desde el 2002 directamente en el Magdalena.

Pero nadie irá a la cárcel, al menos no por ahora. Dicen los representantes de la United Fruit de nuestra época. Además, afirman que ello es así, porque el Gobierno Federal reconoce que fueron obligados.

La Fiscalía colombiana no parece estar de acuerdo. En el expediente de 89 páginas firmado el pasado 7 de diciembre, se ha pintado un paisaje algo más completo del proyecto económico que el país heredó de los paramilitares. Si logran pagar su impunidad, tendrá razón el sabio para quien la ley es como las telarañas: muy fuerte a la hora de atrapar a los débiles y en extremo débil a la hora de contener a los fuertes. Pero por lo menos sabemos ya quiénes instaron y se beneficiaron de esa matanza.

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