Territorio y democracia

Satisface constatar que el tema de la organización del territorio, descaecido por años, registra cierto auge en los últimos días.

La presente semana culmina con la realización de un foro sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial “Loot” organizado por la Universidad del Rosario, la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial “Rinde” y la Fundación Seidel, mientras se anuncian otros debates frente a la ley 1551sobre organización municipal y frente a la nueva ley estatutaria de participación ciudadana.

El tema es básico si se quiere avanzar hacia la consolidación de un modelo de estado que sea cada día más democrático, menos arbitrario, más incluyente. La organización del territorio es la piedra angular de ese modelo, basado en el tránsito de la descentralización a la autonomía. El ordenamiento territorial está en la base de la organización política, de la legitimidad institucional, de la gobernabilidad misma.

Quien primero advirtió su capital importancia fue el presidente López Michelsen en 1975. Consciente de las dificultades de acometer –entonces como hoy- ciertas reformas clave por la vía del congreso, convocó la llamada “pequeña constituyente” para reformar el régimen territorial y la administración de justicia. Es curioso: los dos temas más álgidos que, casi cuarenta años después, siguen preocupando al ciudadano común. En aquel momento el Congreso aprobó la respectiva ley convocatoria, pero la Corte Suprema de Justicia decidió declararla inexequible.

Bueno, no es tan curioso: si los entes territoriales –en particular los departamentos- siguen siendo la circunscripción electoral que define la composición de la Cámara de Representantes, será imposible aprobar una reforma territorial en el congreso. Y mientras la administración de justica consulte los intereses del poder judicial por encima de los del poder ciudadano, será imposible modificar su actual estructura. Es dramático: los partidos, sobre todo en la cúpula, se apropiaron de la política; y los jueces, sobre todo en la cúpula, se apropiaron del derecho.

El siglo xxi llegó reclamando más sociedad que estado. Tal cosa supone reconocer en el ciudadano la capacidad de autogobernarse. El tema de la organización territorial es fundamentalmente político y debe consultar las conveniencias de la comunidad gobernada, cuyos intereses más auténticos se expresan en la democracia local. No sin razones la constitución consagró al municipio como la entidad fundamental del estado.

La constitución no, pero la política sí va en contra de esa tendencia. La autonomía política de las entidades territoriales está prisionera de una red de tecnócratas a la que las leyes han entregado su manejo, sin reparar en que esta tecnocracia no cree en aquella autonomía. Entre la unidad del estado y la autonomía de sus entes territoriales escogen la primera, ignorando que son complementarias. La gran prioridad nacional es la municipalización del territorio. Ojalá estos aires que parecen estar reactivando el debate sobre el tema de la organización territorial, alcancen a despejar un horizonte enrarecido que no deja ver la inmensa realidad de un país cuyo drama es tener más territorio que estado: en la democracia local está la diferencia entre la paz y la guerra.

Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net