Por: Alfredo Molano Bravo

Tierra y tierrita

Cada hora el país pierde 20 hectáreas de bosque, es decir, 20 manzanas, el tamaño de un barrio entero en cualquier ciudad. Según el Ideam, en 2016 se perdieron 178.500 hectáreas de bosque, el 44 % más que en 2015, lo que equivale a una superficie igual a la que ocuparían seis ciudades del tamaño de Bogotá. Una máquina infernal se está comiendo a dentelladas nuestras selvas, el futuro. La gran mayoría de los árboles y arbustos —incluidos los animales y bichos que alojan— se transforma en cenizas que regresan a los suelos como abono y que permiten al principio buenas cosechas de maíz, yuca, plátano y coca. Los colonos que han hecho el daño cometen un delito de hambre porque la gran mayoría son campesinos empobrecidos y expulsados a la fuerza de otras tierras.

El 34 % de la deforestación de 2016 se presentó en áreas de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de Uribe, Mesetas (Meta), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo (Putumayo). Pero las nuevas tierras que logran abrir descuajando montes no quedan en sus manos sino poco tiempo porque para ponerlas a producir han acumulado deudas y deudas con comerciantes e intermediarios, que son los que se quedan con el beneficio del trabajo del colono. Al cabo de cinco o siete años el comerciante cobra y los colonos pagan las deudas. Es el paso de la “mejora” a la hacienda y el momento en que el colono da otro paso y se mete más adentro a tumbar otras 20 hectáreas. Hay que decir, una vez más, que el cultivo de la coca ha retardado este ciclo y permite a muchos colonos conservar su mejora y librarse de las ventas forzadas de sus predios. La fumigación de cultivos ilícitos lo que hizo fue quebrarle esta defensa al colono y facilitar que las chagras fumigadas terminen, por otro método, en manos de los ganaderos.

La colonización puede ser vista también como una poderosa palanca para la formación de la concentración de la tierra en Colombia. No es la única porque la violencia también ha hecho otro tanto con seis millones de hectáreas en los últimos años. Y, claro está, también la quiebra económica de miles de campesinos en tierras abiertas que terminan en manos de bancos, usureros, comerciantes. La Contraloría General de la República, por ejemplo, ha pedido a la Agencia Nacional de Tierras anular la venta de 322 predios cuyas extensiones suman 123.000 hectáreas, y tiene en el ojo otras 200.000. Más ejemplos: “La Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, en Córdoba, una extensión de 103.00 hectáreas, se formó con la adquisición de 11 predios; la multinacional Cerro Matoso S.A., de 223.00 hectáreas, se hizo con fincas pequeñas”.

Y así, hasta llegar a las escandalosas cifras develadas por el más reciente —y quizás único— censo agropecuario, publicado por Oxfam: el 1 % de las explotaciones más grandes acapara más del 80 % de las tierras rurales, mientras que el 99 % de los cultivos que hay tan solo ocupa el 19 %. Los predios de más de 500 hectáreas ocupaban en 1970 sólo cinco millones de hectáreas, mientras que en el año 2014 pasaron a ocupar 47 millones. Su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas.

En conclusión: las grandes propiedades se alimentan de selvas. 40 hectáreas de selva se vuelven humo —y se volverán papel sellado— mientras yo escribo esta columna, y cuatro hectáreas más correrán la misma suerte mientras usted la lee.

Punto y coma: El caso de Feliciano Valencia debe servir para entender cómo acusaciones de carácter político terminan en condenas arbitrarias y a la larga en derrotas institucionales. Lo mismo sucedió con los “presuntos “asesinos” de Gloria Lara, de Luis Carlos Galán. Los casos de Mateo y de la gente del Centro Andino pueden tener el mismo libreto.

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