Por: Yesid Reyes Alvarado

Trabajo en equipo

El hacinamiento carcelario es un antiguo problema en nuestro país, al que usualmente se le presta atención de manera coyuntural y poco sistemática, lo que explica que lejos de solucionarse se haya hecho cada vez más grave.

Su tratamiento requiere una intervención no solamente en aspectos operacionales, como la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas cárceles, sino la adopción de medidas administrativas, judiciales y legales que permitan mantener la privación de la libertad como la última de las opciones con las que cuenta el Estado para sancionar a quien comete un delito. En presidio sólo deben estar las personas respecto de las cuales la aplicación de penas distintas a la reclusión no sea útil para disuadir, y allí deben permanecer el tiempo estrictamente necesario para que se cumpla la finalidad que se pretende obtener con la imposición de ese castigo. En términos más simples, el asunto se enfrenta con una adecuada política criminal.

El Ministerio de Justicia ha anunciado un plan de choque contra el hacinamiento carcelario que contempla la construcción de nuevas prisiones, pero que no se reduce a eso; ha preparado un proyecto de ley en el que se establecen criterios de tipo administrativo y judicial para morigerar la congestión penitenciaria. Es satisfactorio observar iniciativas legales como ésta, en la que no se opta por soluciones facilistas y mediáticas de corto plazo, sino que se propone un cambio general en los parámetros utilizados para seleccionar quiénes deben ser privados de su libertad, en qué sitios y bajo qué condiciones.

Por desgracia, mientras el Ejecutivo aborda el tema integralmente y buscando mantener una senda clara en materia de política criminal, el Congreso marcha por caminos distintos. Aparte de normas similares aprobadas en el 2011, actualmente cursan en el Congreso proyectos de ley que buscan criminalizar el porte de armas de fuego con salvoconducto en lugares públicos o abiertos al público, el porte de armas blancas, la conducción de vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, el llamado feminicidio (que en realidad ya se incorporó al Código Penal en una de las tantas reformas que ha sufrido), la omisión o denegación de salud, y el incremento de sanciones para aquellas lesiones personales como consecuencia de las cuales se produzcan desfiguraciones con ácido.

La aprobación de normas como estas supondrá en la práctica aumentar el número de personas que deberán ingresar a nuestras atiborradas prisiones. No se trata, por supuesto, de renunciar a la criminalización de conductas con el simple argumento de que no tenemos sitios para alojar a los delincuentes. Pero sí de buscar alternativas a la reiterada utilización del derecho penal como forma de solucionar conflictos y a la inveterada costumbre de sancionarlos todos con penas privativas de la libertad.

Para acabar de complicar la situación, el senador Corzo anuncia que presentará un proyecto de ley que contempla la rebaja general de penas para reducir el hacinamiento carcelario. ¿No sería mejor que el Congreso debatiera previamente sus iniciativas de reforma al Código Penal al interior de la Comisión de Política Criminal?

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