Tres temas distintos y un solo país verdadero

Por fin, despúés de lustros de miedo y aislamiento, sectores campesinos redescubren que son millones y se movilizan para adelantar sus demandas fundamentales. Es un principio.

Sin embargo, falta mucho. De parte del liderazgo social, introducir disciplina y coordinación. Los campesinos tienen un patrimonio enorme de apoyo y simpatía en toda la sociedad, y no pueden arriesgarse a dilapidarlo permitiendo que su protesta sea enturbiada por actos repudiables que sólo debilitan sus exigencias. De parte del Gobierno, dos pasos fundamentales. Primero, regularizar la interacción con los campesinos (¿por qué se negó en un principio Minagricultura a que hubiera una mesa nacional? ¿Acaso no se sienta a discutir unificadamente con la SAC y con Fedegán, que son a veces muy antigobiernistas?). Segundo, darle coherencia al modelo agrario. Crecientemente, el panorama se ha ido llenando de ambivalencias. Por un lado tenemos la Ley de Víctimas; por el otro, el desastroso evento del Vichada, en el que abogados sofisticados se apoderaron de miles de hectáreas, más de las que se han restituido, ciertamente, a través de una combinación de buenos contactos y trapacerías legales. En lugar de denunciar y marcar con fuego tales prácticas, personeros del Gobierno prometieron, en un debate en el Congreso, legalizarlas. Eso no es promoción de la inversión: es la persistencia en el camino antidesarrollo de la estipulación de los derechos de propiedad vía redes políticas y malicia. La Ley de Víctimas es un patrimonio lo suficientemente grande e interesante como para poder encontrar otro camino. El presidente ha reconocido la profunda crisis que vive el agro. Ahora toca pensar en una salida coherente y clara. Para los dos lados, los avances en el Catatumbo podrían estar señalando la vía: diálogo, análisis, identificación seria de las diferencias y posibles soluciones, construcción paciente de una interfaz entre los campesinos y el Estado.

Me referí al patrimonio que representa la Ley de Víctimas. Potencialmente, los acuerdos de La Habana son todavía más importantes. Al darle su aval al Marco Jurídico para la Paz, la Corte corrobora el mandato constitucional que tienen nuestros gobernantes desde 1991 (buscar la paz) y le abre las puertas a una solución negociada al conflicto, un bien social al que no hemos tenido acceso al menos tres generaciones de colombianos. No escatimemos a las partes —el Gobierno y la guerrilla— el reconocimiento por el camino recorrido.

Mientras esto sucedía, el país recibió un recordatorio —¡uno más!— de lo que se traen entre manos los más acerbos enemigos de la paz. Luis Alfredo Ramos, precandidato del Centro Democrático, recibió la esperada orden de captura por su vinculación con la parapolítica. Ignoro, por supuesto, cuál será el desenlace del proceso contra Ramos. La orden de captura, empero, implica que hay indicios fuertes contra él. El problema de fondo es la enorme presencia dentro del uribismo de coaliciones regionales vinculadas con la saga paramilitar. Se puede demostrar fácilmente que ella estuvo allí desde el principio y nunca desapareció. Ahora Uribe sale a poner la mano sobre el fuego en nombre de Ramos. Ya el país debería saber cuánto valen esas garantías. Para la muestra un botón entre cientos: el director del DAS era un buen muchacho, de buena familia... Lo que me sorprende es que estas gentes, que dejaron que los paramilitares hicieran hasta para vender durante las conversaciones con su gobierno (asesinato de Castaño, guerras intestinas ganadas por los narcos contando por lo menos con la indiferencia benevolente del Gobierno, etc.) ahora se rasguen las vestiduras porque se busque la paz o un acomodamiento con los movimientos sociales.

Todo ello con el apoyo del procurador. Pero eso es tema de otra columna.