Un buen resucitar

NO SE PODRÁ VIVIR DENTRO DE UN Estado con dos ramas del poder que no sólo no se entienden, sino que han desarrollado un antagonismo con repercusiones severas para la estabilidad democrática.

Aún más grave que el choque de trenes resulta graduar a los jueces como verdugos de los militares, como dos bandos hostiles irreconciliables en una guerra política  entre los dos estamentos más relevantes para que haya seguridad con justicia. De esa disputa sólo sale perdiendo la democracia, pues los deslegitima a ambos y se paga un alto costo internacional.

Recomponer la relación del ejecutivo con el poder judicial no será fácil, pero es un imperativo inmediato para el nuevo Gobierno. Habrá que tender puentes, aplacar los ánimos y sentarse a la mesa de diálogo, al margen de lo condenable que ha sido acusar a los jueces de aliados del terrorismo. Una razón más para resucitar el Ministerio de Justicia, pero no de cualquier manera. No el tigre de papel que existía antes de su decapitación, sino una entidad moderna dotada de una gran fortaleza institucional producto de un ejercicio de innovación que debería promoverse en el debate parlamentario pendiente.

Un Ministerio de Justicia y de los Derechos; no sólo del Derecho. En Francia se llama de Justicia y de las Libertades, pero aquí el ejercicio de la libertad se materializa en derechos. Un ente articulador de una política pública de derechos fundamentales —hoy ausente— que vincule a todo el Estado para que la justicia global respete las decisiones de la justicia local; y propicie, por ejemplo, un debate sereno sobre temas complejos como el juzgamiento de los militares.

Un Ministerio que no sea sólo el interlocutor del Poder Judicial, sino que asuma la defensa del Estado; preserve el acervo y la consistencia legislativa; mida costos y beneficios de las normas antes de ser expedidas para evitar la improvisación; evalúe la eficacia de las leyes aprobadas y vele por la formación de los abogados. Que sea no sólo respetuoso, sino garante de la independencia judicial; gestor de una política sectorial que involucre a todos los poderes y organismos autónomos de control que ejercen funciones judiciales y artífice de una justicia de proximidad con proyección social que convierta en realidad el acceso a la justicia de los eslabones más débiles de la sociedad: los pobres, las mujeres, los discapacitados y los niños.

Con seguridad, un ministro de Justicia con algún peso como jurista hubiera evitado el deterioro que han sufrido las relaciones entre los dos poderes si se hubiera venerado el Estado de Derecho como religión. Esa fue la falacia del pretexto para la desaparición del Ministerio de Justicia hace ocho años: un despacho con un pie en la política y otro en la justicia, que terminó metiendo el pie de la justicia en el barro de la política y el pie de la política en la arena de la justicia. De allí se pasó a exigirle al Fiscal que se comportara como si fuera el ministro de Justicia, cuando lo indispensable es un ministro fuerte y no un Fiscal subyugado al ejecutivo.

La tarea prioritaria del Presidente electo será pasar un ramo de olivo al poder judicial sin arrogancia y con ánimo conciliatorio, para buscar una reforma consensuada a través de un gran diálogo nacional sobre la justicia con los actores del sistema, que no vaya a terminar como una revancha para desandar lo logrado a partir de la Constitución de 1991.