Por: Gustavo Gallón

Por una comisión de la verdad de alta calidad

Hay comisiones de la verdad finas y ordinarias. Una comisión de la verdad ordinaria pretende reemplazar al sistema judicial, por ser inoperante. Se resigna a investigar unos pocos delitos ilustrativos de las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario cometidas en un período oprobioso.

Es el caso de El Salvador, donde la débil voluntad del Gobierno y las guerrillas que pactaron la paz creó una comisión con mandato de seis meses e ínfimos recursos. La comisión, haciendo un esfuerzo superior a sus fuerzas, esclareció treinta casos y produjo un dictamen global sobre las causas de la crisis de derechos humanos, que el Gobierno eclipsó de inmediato con una amnistía implacable.

Una comisión de la verdad fina procura lograr el máximo de esclarecimiento posible, y se esmera en rebasar sus limitaciones. Es el caso de Chile donde, pese a las ataduras institucionales establecidas por la dictadura de Pinochet, la comisión, respaldada por un serio compromiso del Gobierno, logró esclarecer casi tres mil violaciones al derecho a la vida, debidamente individualizadas. Como su mandato no incluía los delitos de tortura, la comisión recomendó con éxito que se creara otra comisión para el efecto.

No es seguro que la comisión de la verdad que nos ofrezcan en Colombia si se logra la paz entre Gobierno y guerrillas sea de buena calidad. La sociedad debe exigir que sea supremamente fina, a diferencia de lo que ha ocurrido con los mecanismos “transicionales” de justicia y reparación introducidos en el país en la última década. Para ello, la comisión de la verdad no debería pensarse como sustituto sino como complemento de la investigación judicial. No puede aceptarse cual axioma la idea de que el sistema judicial es incapaz de esclarecer las violaciones e infracciones ocurridas en el último medio siglo. Es razonable considerar que es muy difícil lograrlo. Por lo tanto, la comisión realizaría una investigación extrajudicial cuyos resultados, además de tener el valor de un informe autorizado, alimentarían el juzgamiento de los casos que se fueran esclareciendo. Lograr el máximo de verdad y de justicia posible debería ser la consigna, y no conformarse con el mínimo alcanzable.

Las actuaciones y los avances de la comisión deberían ser públicos, para que la sociedad conozca y debata, a medida que se descubran, las barbaridades sucedidas. De esa forma, podrán adoptarse pronto, y con amplio respaldo social, los correctivos necesarios. Para eso se requiere desde ya una fuerte dinámica ciudadana que sea exigente en relación con los derechos de las víctimas (punto 5 de la agenda pactada) y con la conformación de una comisión de la verdad de alta calidad. Eso significa un serio compromiso político del Gobierno y las guerrillas con tales derechos, suficientes recursos humanos y económicos para el funcionamiento de la comisión y un sólido programa de seguridad para proteger a víctimas, testigos e investigadores. Si eso se logra, estaremos en capacidad de superar la crónica violación de derechos humanos a que hemos estado sometidos durante siglos y construir una sociedad basada en el respeto de los derechos de todas y todos los colombianos.

 

** Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden consultarse en www.coljuristas.org.

 

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