Por: Santiago Villa

Una guerra de violadores

El probable asesinato de Angélica Bello dificulta que en Colombia se sepa la verdad sobre las violaciones cometidas durante la guerra.

Según la policía y el alcalde de Codazzi, Cesar, la líder social Angélica Bello se suicidó el 16 de febrero con el revólver de su escolta. El Estado insinúa que las presiones y amenazas que recibió por parte de grupos armados ilegales motivaron el suicidio. La última, que le fue anunciada hace dos semanas, le ordenaba salir de Codazzi si quería seguir con vida. Esta hipótesis ha sido rechazada por miembros de la organización defensora de derechos humanos a la que pertenecía (Funhumana), y que han trabajado con ella desde hace varios años.

“Yo hablé con ella el jueves antes de los hechos [14 de febrero] y ella estaba muy contenta”, me dijo ayer Jesús Mario Corrales, el director de Funhumana. “Me estuvo contando de la reunión que habían tenido con el Presidente [de la República], de los avances que se estaban haciendo, e incluso comenzamos a planear la agenda de trabajo para hacer en el Eje Cafetero, las visitas de ella y lo que se iba a programar”.

Resulta contra intuitivo asumir que las dificultades de su vida la llevaron al suicidio, justo cuando su tarea estaba llegando a su punto más promisorio.

Angélica Bello llevaba un registro riguroso de las mujeres que eran víctimas sexuales de la guerra civil colombiana. La labor de Bello era motivar a que otras mujeres denunciaran que habían sido víctimas sexuales y acompañarlas durante el proceso. El alcance de su trabajo fue evidenciar que la violación era una práctica sistemática de los grupos armados. En otras palabras, que la nuestra fue una guerra de violadores. En el registro tenía más de 400 víctimas, aunque según Funhumana el total puede eventualmente llegar a 4.000 mujeres violadas. Yo creo que es mucho más alto.

“Hasta ahora en Colombia no se ha dicho nada sobre cuántas mujeres fueron agredidas por los grupos armados al margen de la ley. Ella estaba preparando un informe para presentar sobre eso”, dijo Corrales. “Muchos grupos armados llegaban a buscar a la cabeza de familia, que era el esposo, y cuando no encontraban a éste en la casa, porque había salido huyendo para salvar su vida, sin pensar en lo que iba a sucederle a su familia, resulta que le cobraban haciendo eso con el núcleo familiar, porque tenemos muchos casos en los que fueron agredidos no sólo la esposa, sino también algunos hijos”.

Angélica pidió reubicación urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) después de recibir la última amenaza. El problema es que la UNP no atiende solicitudes urgentes de manera expedita. Durante finales del 2012 trabajé de cerca con dos líderes de restitución de tierras para lograr que la UNP mejorara sus esquemas de seguridad. Después de mucho trabajo y varias semanas de insistencia finalmente logramos una respuesta favorable. La experiencia me enseñó varias lecciones en torno a cómo opera la burocracia de la UNP.

Primero, en la práctica nada puede hacerse si la víctima no viaja a Bogotá y se presenta personalmente en las oficinas de la UNP. Pretender mejorar el esquema de seguridad o lograr una reubicación desde una región no es realista, y menos si la amenaza es inminente.

Segundo, necesita el apoyo de un político, de la Defensoría del Pueblo, de una ONG, de un organismo multilateral o un medio de comunicación. Preferiblemente de todas las anteriores. Si no hay alguien más que presione a la UNP, las cosas no avanzan con la velocidad necesaria.

Tercero, se requiere de una nueva amenaza para motivar un nuevo estudio de riesgo. El estudio de riesgo se remite a un comité integrado por la UNP y la Policía Nacional. Si el comité aprueba una mejora de las condiciones de seguridad, éstas se ejecutan. En los casos que seguí la UNP tardó un mes desde que presentamos la solicitud hasta que se anunció la mejora en las medidas.

Si Angélica Bello solicitó una modificación en su esquema de seguridad o una reubicación durante la semana en la que recibió el disparo a la cabeza, lo más probable es que hoy, 26 de febrero, aún no hubiera recibido nuevas medidas. La UNP responde, pero hay que hacer mucha presión, viajes a Bogotá y tener paciencia. No es lo ideal y la institución debería estudiar la manera de hacer un trabajo más eficiente. En especial, mejorar su eficacia en las regiones, porque no todos los líderes pueden viajar a Bogotá cuando reciben amenazas. El viaje es costoso y la mayoría viven con muy bajos recursos. Yo tuve que pagar de mi propio bolsillo el viaje de uno de ellos.

Si rechazamos la hipótesis de que Angélica Bello se suicidó, el arma homicida fue el revólver de su escolta. ¿Fue infiltrado su esquema de seguridad? ¿Y qué sucede entonces con los esquemas de seguridad de los demás líderes? Andrés Villamizar, director de la UNP, debería estar muy preocupado por las implicaciones de que Angélica Bello hubiera sido asesinada.

Twitter: @santiagovillach

Buscar columnista