Por: María Elvira Samper

Una imagen y cuatro conclusiones

Desde la barrera o desfilando por las calles, cada colombiano hizo un balance de la marcha del 9 de abril.

Para unos fue un éxito que apuntala el proceso de La Habana; para otros, un fracaso, porque estuvo contaminada de factores politiqueros y no alcanzó las dimensiones de la del 4 de febrero de 2008 contra las Farc y el secuestro, la más multitudinaria que haya vivido el país. Pero ni tanto, ni tan poco.

No fue un fracaso, pues al final de cuentas participaron ciudadanos del común, simple y llanamente cansados de la guerra; víctimas de los grupos armados; indígenas, campesinos y afrodescendientes —la mayoría con camisetas de Marcha Patriótica—; algunos alcaldes y gobernadores en las ciudades, y en Bogotá, el alcalde y funcionarios de la administración, el fiscal general, el presidente y sus ministros, algunos de los negociadores de La Habana y representantes de los partidos políticos. Se abstuvieron los sectores de ultraderecha liderados por el expresidente Uribe, y la mayoría del Polo, los dos por diferentes razones. Los uribistas —enemigos de las conversaciones de paz— con el argumento de que el movimiento Marcha Patriótica, principal promotor de la marcha, está infiltrado y financiado por las Farc, y que apoyar la marcha era legitimar a la guerrilla, y el Polo —a favor de una solución negociada del conflicto—, porque consideró que el Gobierno la utilizaba con fines reeleccionistas.

De tan diferente y opuesto balance rescato una imagen: el presidente Santos y el alcalde Petro sembrando una palma como homenaje a las víctimas (faltó Piedad), y saco cuatro conclusiones:

1. La posibilidad de poner fin al conflicto que se discute en La Habana —tal vez las más claras en décadas y tal vez la última para las Farc— no une a los colombianos, sino que los divide. 2. La mezquindad, el odio y el ego de líderes políticos tan visibles como Uribe, el más popular de los presidentes que ha tenido el país, superan el interés general. 3. Las declaraciones del fiscal Montealegre sobre un proceso que está en los primeros hervores (“todos los miembros del secretariado de las Farc podrían participar en política, porque en este momento no existe ninguna condena contra un miembro del secretariado por delitos de lesa humanidad”, “la justicia transicional implica medidas excepcionales con penas distintas a la privación de la libertad”, “la idea es suspender las ejecuciones de las penas…”), debilitan la posición de los negociadores del Gobierno, pues permiten que las Farc crean que pueden sacarla barata, y fortalecen la de los uribistas que torpedean el diálogo de La Habana con el argumento de que allí está cocinándose un pacto de impunidad, y la del procurador Ordóñez, quien pidió formalmente a la Corte Constitucional tumbar el marco jurídico para la paz, y le reviró al fiscal desde Washington: “No puede admitirse que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidios, de desplazamientos, no vayan a pagar un solo día de cárcel (…). Si el Estado va a convertirse en un paria internacional que incumple los tratados internacionales, me corresponde advertir a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana sobre los riesgos que estaremos corriendo”. 4. El presidente Santos, hasta ahora a prudente distancia estratégica frente al proceso de paz y quien puso sobre los hombros de Humberto de la Calle la mayor y más visible responsabilidad, deberá asumir un liderazgo más fuerte y decidido, porque, gústenos o no, querámoslo o no, la posibilidad de un acuerdo con las Farc está ligada a su reelección.

 

 

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