Por: Rodolfo Arango

Lo urbano y lo rural

Las ciudades están de moda. LA aglomeración de personas, recursos e ideas en espacios urbanos representa grandes oportunidades de crecimiento e innovación. Por lo menos es la convicción de muchos que siguen los planteamientos ajenos.

Es el caso del senador conservador Juan Mario Laserna, quien luego de leer El triunfo de la ciudad, de Eduard Glaeser, profesor en Harvard e invitado a Colombia por Fedesarrollo y el Banco Mundial, afirma: “Este libro habla sobre el sentido que tendría la inversión en las ciudades sobre la inversión en los pueblos perdidos. En Colombia hay una obsesión por el campo y eso no está mal, pero si se quiere un país desarrollado hay que pensar en conglomerados y Colombia tiene que buscar un acuerdo político para adaptar el argumento de este economista a su sistema. Esto beneficiaría a más gente”. Sorpresivo, por decir lo menos, el comentario del político tolimense, que basó su campaña para Senado 2010-2014 en la recuperación del campo.

La anterior es una pieza maestra de reduccionismo económico. Es como si la historia ni el derecho existieran. ¿Dónde queda en el diagnóstico citadino el problema agrario; dónde el conflicto originado en el despojo violento de tierras; dónde las reivindicaciones que elevan millones de víctimas de los grupos ilegales, hoy tan generosamente tratados por las autoridades? Las reflexiones en torno al triunfo de la ciudad desconocen una llaga abierta en Colombia. Nada saben o quieren saber de la injusticia estructural en los campos del país. Esa injusticia, producto de las relaciones de explotación, violencia, servidumbre y vasallaje existentes, que socava las tradiciones, culturas y redes sociales de los campesinos, indígenas y afros, alejando cualquier posibilidad de paz. Al paraíso urbano con divertimento televisivo y centros comerciales que homogenizan al conglomerado, es posible oponer un país descentralizado y bien planeado; con miles de pueblos a escala humana, bien comunicados; con lazos de pertenencia; con autonomía política y administrativa; con diversidad lingüística, étnica, cultural y ambiental.

El diagnóstico que encandila a dirigentes, ciegos a la injusticia histórica con los pobladores rurales, parte de premisas equivocadas. Aquí sólo se masacró parcialmente a los pueblos aborígenes, no como en Estados Unidos, donde la liquidación fue casi total y la usurpación de territorios vecinos costumbre inveterada. Aquí tampoco se rinde culto a la agricultura extensiva, a los grandes macroproyectos agroindustriales con que sueñan los terratenientes del país para hacerse a los negocios del agua y de la alimentación que demandarán los gigantescos conglomerados; homogéneas masas de gente ávida de televisión por cable y comida chatarra. Algo más de elementos ganarían el escritor y el lector de marras para su propuesta de desarrollo si tematizaran la responsabilidad de hacendados e industriales —parecida a la de los empresarios alemanes beneficiarios del genocidio judío— en el despojo violento y la compra de tierras a bajos precios para cosechar enormes ganancias y contribuir patrióticamente a “cementar” el progreso nacional. El furor que despierta el descubrimiento de las macrociudades como foco de desarrollo económico —modelo que parece suscribir el nuevo alcalde de la capital y su progresismo— no parece capaz de escapar a la histórica contradicción entre un modelo de vida armonioso con el medio cultural y ambiental y uno fundado en el saqueo, la explotación y la subyugación humanas.

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