Vacunas contra los jueces

No voy a ocuparme de lo que es obviamente repugnante e indigno de cualquier juez, ya no digamos de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia: que venda sus sentencias por dinero y que haya políticos acusados de tener nexos con el paramilitarismo (como Besaile, Jattin o Ramos) que puedan comprar su libertad girando 100 o 1.000 o 3.000 millones de pesos. Que se venda un fallo incluso en el más alto nivel de la justicia no solo nos deja con la boca abierta, sino con una sensación de repugnancia y rechazo sin atenuantes. Y que el conducto de esta vergüenza para la justicia haya sido el “fiscal anticorrupción” Gustavo Moreno, asiduo defensor de parapolíticos, no hace más que aumentar la indignación.

Como lo anterior es obvio, prefiero ocuparme, en cambio, de lo que es discutible y está en el terreno jurídico y político de lo que debe decidirse según sea conveniente o no para el país y para la salud de los ciudadanos. Los hechos, en resumen, son los siguientes:

Desde el año 2012 el Ministerio de Salud decidió incluir en el POS (Plan Obligatorio de Salud) la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), la cual empezó a aplicarse gratuitamente a millones de adolescentes. La vacuna, hasta ese momento, era un privilegio solamente de los más ricos, por su alto costo. Si bien las tres dosis de la vacuna se han aplicado millones de veces en Colombia y en el mundo, con un grado de seguridad y de protección altísimos, hubo episodios adversos asociados con la vacunación. El más conocido aquí fue el del Carmen de Bolívar donde las niñas de un colegio sufrieron dolores, desmayos y visión borrosa después de la aplicación de la vacuna. Las reacciones psicológicas a las vacunas, conocidas como psychogenic mass reactions, son comunes, especialmente en los colegios, y más si los medios de comunicación alimentan el miedo.

Algunos estudiosos sostienen que, a veces, la vacuna contra el VPH podría estar asociada con la aparición de enfermedades autoinmunes. Esta afirmación podría depender de una falacia muy conocida, la de post hoc ergo propter hoc, es decir, que lo que viene después de algo es a causa de ese algo. Me vacunan y, cierto tiempo después, me da Guillain-Barré. ¿Hay aquí una relación de causalidad o solo una correlación? Es difícil saber, pero aun en el caso de que la vacuna fuera el factor desencadenante, lo cual es rechazado por la mayoría de los estudios, el nivel de protección contra el cáncer de cuello uterino que suministra la vacuna a millones de mujeres es un beneficio tan grande, en términos de salud pública, que justifica el riesgo de un puñado de casos adversos.

Lo malo y, en mi opinión, lo dañino de la sentencia del magistrado Alberto Rojas de la Corte Constitucional es que, si bien admite lo que afirma la mayor parte de los expertos médicos y científicos (que la vacuna sirve, es segura y sus efectos secundarios no son graves), la conclusión va en contravía de lo que admite: en adelante la vacuna contra el VPH solo podrá administrarse con el consentimiento informado de las vacunadas o de sus padres.

El consentimiento informado no es el problema. En una sociedad educada todo consentimiento debiera ser informado. El problema está en si la población puede negarse a recibir, a partir de esta sentencia, no digamos esta vacuna, sino otras que protegen de enfermedades más letales y contagiosas. En el caso del VPH, la vacunación no era obligatoria. La palabra “obligatorio” en el POS no quiere decir que un tratamiento sea obligatorio, sino que es obligatorio que el Estado lo ofrezca gratis. Era posible, firmando un documento, que las jóvenes rechazaran la vacuna. Pero cuando la Corte dice que el Estado no puede imponer nada al cuerpo de un individuo, abre la puerta para que vacunas tan básicas como las de difteria, varicela, polio, sarampión, etc., enfermedades con una carga epidémica muy grande, puedan también ser rechazadas según el mismo principio. Por eso el fallo, además de inútil, es dañino.