Por: Lisandro Duque Naranjo

Vámonos a San Andrés en plan de guerra

El bobierno está jugando con candela desde cuando se produjo el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los nuevos límites marítimos con Nicaragua.

 Cada día la prensa trae una nueva reacción emocional de la ministra Ángela Holguín o de sus subalternos, improvisando sobre la marcha, según la intensidad de una opinión inevitablemente afectada ante el hecho de que 75.000 kilómetros de mar se le fueron a Colombia de las manos. El excanciller Julio Londoño Paredes, por ejemplo, negociador nuestro en La Haya, quien el mismo día que se conoció la sentencia empleó un lenguaje falsamente triunfalista al decir que “Colombia obtuvo la soberanía territorial sobre el archipiélago” —algo que no estuvo en juego nunca, pues la discusión era sobre delimitaciones marítimas—, se aparece cuatro días después con la alarma de que “Nicaragua podría ir por más del Caribe”.

Es necesario que los lectores sepan que el gobierno anterior —el que por mayor tiempo manejó ese asunto—, conoció de la probable derrota, aunque sin contársela al país y quizás intuyendo la proporción de la misma, desde el mes de diciembre de 2007. Y que trató por ese entonces de retirar su alegato ante la CIJ, sólo que lo hizo con un día de tardanza según los reglamentos, por lo que el pleito continuó su curso hasta las consecuencias que se conocieron esta semana. Que por supuesto le otorgan a Nicaragua el derecho a que sus pescadores artesanales —otro sería el cuento si hubieran sido barcos de pesca industrial—, no sean expulsados más de esa zona por la Armada colombiana y a que sea el Gobierno de acá el que tenga que intentar el mismo arreglo que siempre le negó a ese país, al que arrinconó por siglos en la estrechez del meridiano 82. Es como si los colombianos no supieran que la Costa Atlántica de Nicaragua se encuentra apenas a 135 kilómetros de San Andrés, mientras que nuestro archipiélago dista de Cartagena 800 kilómetros.

De modo que hace cinco años ya estaba cantada la sentencia que le impediría a Colombia seguirse moviendo con holgura por esas aguas. Fue por eso que hace siete meses nuestra ministra, pensando más con el deseo que con la lógica implacable de las leyes internacionales, se permitió decir en público que posiblemente el fallo sería “salomónico”, en lo que le falló el cálculo.

En lo que importa con la política doméstica, no es justo que sea este gobierno el que pague los platos rotos. Pero si lo está haciendo por algo será. Problema de él, al que se le pasarán cuentas. En cuanto al gobierno anterior, parece dudoso el rigor con que instruyó a los abogados —nombrados desde antes por Andrés Pastrana—, o soportó su ineficiencia. Ahora, que si por buenos que fueran ahí no había manera de ganar, no deja de ser perverso —nada de raro tiene eso conociéndose de quien viene—, el haberse quedado mudo en 2007 a sabiendas de que el problema reventaría quién sabe cuándo. Después de mí el diluvio.

En todo caso no podemos aceptar que por encubrimiento a cualquier gobierno pasado, incluido el de Pastrana —que está calladito y a quien nadie llama, al igual que a su negociador y canciller Guillermo Fernández de Soto—, el actual presidente nos convierta en una nación pirata.

De dónde acá, además, el mandatario silencioso de 2007 —salvo en lo que fuera prometerle a Ortega que respetaría el fallo de la CIJ—, anda ahora tan alebrestado incitando a la guerra contra Nicaragua. La misma que confiesa no haber tenido tiempo de declararle a Venezuela.

Y por qué hay tantos colombianos con ínfulas de que somos imperiales. Uno sabe de dónde viene eso, pero se resistía a aceptarlo.

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