Vargas Lleras y Bogotá

Aurelio Suárez
10 de septiembre de 2015 - 03:48 a. m.

El 8 de enero de 2013 el presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 005, por el cual nombraba a un ministro de Vivienda ad hoc.

El motivo, el impedimento de Germán Vargas Lleras para “apoyar” financieramente a empresas de servicios públicos que podrían requerir “ser reestructuradas”, en vista de “su relación de amistad con los socios”. Se refería, entre otras, tal como lo explicó El Espectador, a las empresas Aseo Capital, Ciudad Limpia y Atesa, de Alberto Ríos Velilla, de Alberto Losada (del grupo Fanalca) y de William Vélez.

No son los únicos intereses de dichos empresarios en Bogotá. Fanalca, de los Losada y Herrera (en compañía de la multinacional Veolia y de Corficolombiana, del Grupo Aval), tiene en concesión desde 1997 y hasta 2018 la planta de tratamiento de agua potable de Tibitoc, por la cual cobra cada metro cúbico tratado por $330, ocho veces más que las plantas operadas por el Acueducto de Bogotá. Hace dos años, en fallo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, y sin que la administración de Petro lo apelara, se decidió que cerca de 160 millones de metros cúbicos, por valor de casi $40 mil millones, que dichos concesionarios habían recibido por adelantado, ya no deberían suplirse. En dos palabras, se les eximió de toda obligación.

Vale añadir que Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán, oficia como miembro de la Junta Directiva de dicha Cámara en representación del Gobierno Nacional, tanto en los tiempos de Uribe como en los de Santos. Precisamente, Enrique, quien ha compartido junta directiva de Enertolima con los Nule y los Ríos Velilla —Enertolima es el trampolín que sirvió a estos últimos para “tomarse” la empresa de Energía de Pereira—, también ha estado en las de empresas del grupo Saludcoop y actuó como abogado de Gustavo Palacino en el pleito ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y recibió $1.200 millones por asesorías a Saludcoop, eventualmente de los mayores deudores de los hospitales del Distrito.

A los anteriores intereses de los empresarios “amigos de Vargas” en Bogotá hay que agregar los que tienen en el sistema del SITP y de Transmilenio. En relación con este último, tanto Ríos Velilla como Losada pertenecen al oligopolio de familias que controlan las distintas concesiones troncales y empresas operadoras. Acorde con el portal La Silla Vacía, los primeros son socios minoritarios de las empresas Express del Futuro, Consorcio Express y Transporte Alimentador de Occidente, y los segundos participan en Móvil, Etib, Milenio Móvil, Conexión Móvil, Ciudad Móvil y City Móvil.

Precisamente esa ligazón con el transporte masivo dio lugar a una demanda ante la SIC por la adjudicación del contrato del Sistema Integrado de Recaudo del SITP (Sirci), que puede valer más de $64 billones y por 16 años. Se acusó a Javier Ríos Velilla, a nombre de Recaudo Bogotá SAS, de haberse coludido con otro proponente, denominado Operador Sirci SAS, para ganar la licitación. Se le sindicó también de estar impedido para actuar en el sistema simultáneamente como recaudador y operador.

Aunque Ríos reconoció que sí había llenado con su puño y letra la oferta final en el instante de depositarla y que igual procedimiento hizo el supuesto coligado, con quien él tiene algunos lazos empresariales, la SIC calificó como “tenue” dicha relación. En cuanto al segundo cargo, el doble papel de operador y recaudador del SITP, la SIC manifestó que de existir tal anormalidad, era culpa de los funcionarios de Transmilenio, quienes no habrían verificado esa condición y que esa conducta estaba por fuera de su competencia, que era de la Procuraduría. Nada pasó en esa dependencia, donde Cambio Radical es el amo burocrático.

La energía en Bogotá también gira en la órbita de influencia de Vargas Lleras. Su hermano José Antonio, quien fuera presidente de la Empresa de Energía de Bogotá por siete años, participa activamente, casi desde su desvinculación, como miembro de las juntas directivas de las privatizadas Emgesa y Codensa, y desde junio de 2015 es presidente de ambas. En 1997, al verse favorecida por Mockus con la propiedad del alumbrado, hoy Codensa usufructúa este bien público en medio de quejas y anomalías —por $140 mil millones anuales, casi el 20% de sus ingresos totales—, formando parte del portafolio de negocios de los ligados con la casa política Vargas.

Prácticamente no hay renta básica de la ciudad cuyos detentadores estén por fuera del círculo, muy reconocido, de Vargas Lleras. Es quizás lo que lo ha impelido a “echar por la calle de en medio” con candidato propio a la Alcaldía de Bogotá, apartándose del resto de la Unidad Nacional. El favorecido, a dedo, Enrique Peñalosa. No resulta extraña la escogencia, ya que muchos de esos “allegados” les son mutuos y, en consecuencia, Peñalosa se torna en el “gerente” que les calza a la medida a unos para sus lucrativas actividades y a Vargas como base para soportar su candidatura presidencial. El obstáculo que Peñalosa significó en 2011 para ese cometido ya no lo es, razón por la cual el perfumado escudero, Carlos Fernando Galán, pasó de rival del exalcalde a mentor y coach.

No se trata sólo de administrar filones ya conquistados. Urge crear nuevos y a la sazón surge la ¨locomotora” de infraestructura como nueva fuente propicia. Peñalosa se ha comprometido a llevar a cabo las más de veinte obras “que facilitarán el mejoramiento de todas las entradas y salidas de la ciudad”, incluida la autopista de segundo piso al sur, propuesta por Cemex (conocido de autos en la administración 1998-2000), mediante concesiones, peajes, inversión privada y APP, modalidades de las cuales es fanático. Así lo reconoce más de diez veces en breve entrevista reciente con Cecilia Orozco.

Sin duda el gran botín es el metro y, si los grandes grupos financieros, igualmente cercanos a Vargas, están en la trastienda de todas las transacciones descritas, por esta, que sería la obra pública más grande de la historia contemporánea, se frotan las manos desde ahora hasta el 25 de octubre próximo.

 

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