Verdad judicial y reconciliación

Por: Juan David Velasco*

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recientemente aprobada por el Congreso mediante el mecanismo del fast track, tiene como pilares fundamentales el esclarecimiento de la verdad plena sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y la restauración del daño causado a las víctimas.

Aunque en el papel estos dos pilares de la JEP parecen loables, en la práctica, su consecución podría verse seriamente limitada por el contexto de profunda polarización política que vive actualmente el país.

Por eso, la responsabilidad de los magistrados que lleguen a la JEP es mayúscula, pues en ellos reposa la competencia de definir los criterios de priorización, esto es, de escoger los casos más graves y representativos que se juzgarán y sancionarán.

Precisamente, para que la JEP sea viable políticamente y no reviva ciclos de odio, tendrá que responder estratégicamente a los cuestionamientos de quienes apoyaron el No en el plebiscito, e incluso a los que estando en la coalición de Gobierno también hicieron saber sus reparos.

La viabilidad política de la JEP puede estar en vilo si se tiene en cuenta que en 328 municipios de Colombia la mayoría de ciudadanos votaron consistentemente por el uribismo y también apoyaron el No en el plebiscito. Es decir: en una tercera parte del país, Álvaro Uribe y los candidatos que apoyó a la Presidencia de la República obtuvieron mayorías electorales en los comicios presidenciales de 2002, 2006, 2010 y 2014. En esos territorios, el Sí perdió rotundamente.

De hecho, gran parte de esos 328 municipios de tradición uribista que se opusieron al Acuerdo de Paz tienen como común denominador que las Farc realizaron tomas e incursiones que produjeron graves daños a la población urbana, especialmente por el uso de artefactos explosivos artesanales, como pipetas, cilindros bomba y tatucos.

Por ejemplo, los municipios del Oriente antioqueño son un reflejo de esa combinación entre tomas guerrilleras sangrientas, derechización uribista y oposición al Acuerdo de Paz. Inclusive, los mismos municipios del sur del Tolima, a donde se remonta el mito fundacional de las Farc, después del 2006 apoyaron mayoritariamente al uribismo y votaron No en el plebiscito (justamente en Rioblanco y Chaparral, la guerrilla, a inicios del año 2000, realizó varias incursiones violentas).

En ese orden, para que la JEP sea un instrumento de reconciliación local y nacional, debería escoger casos de esta naturaleza, pues las tomas guerrilleras pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad (el uso de explosivos artesanales hace que los ataques sean indiscriminados y que involucren a civiles protegidos por el derecho internacional humanitario), y además obliga a que se responsabilice a los miembros del Secretariado de las Farc, pues para llevar a cabo un ataque de esta magnitud se requerían planes organizados desde la cúpula para movilizar tropas, recursos logísticos, armamento, etc.

Lo mejor que le podría pasar a esas comunidades que fueron víctimas del accionar violento de las guerrillas, y que hoy por hoy profesan fidelidad electoral al uribismo, es que sientan que la JEP está sancionando a los responsables de las tomas sangrientas y les exige que restauren el daño causado en esos territorios.

De esa manera, la JEP podría cumplir con sus dos pilares, añadiéndole uno necesario para su viabilidad política: la conquista de la confianza de las poblaciones víctimas que hasta ahora han rechazado el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.