Vientos de crisis

A finales de la última década del pasado siglo, la empresa estatal española Aena se afianzaba como jugador internacional de primer orden en el sector de la gestión aeroportuaria y la provisión de servicios de navegación aérea, y dentro de sus objetivos de tomarse el mercado latinoamericano puso los ojos en Colombia y por acá aterrizó.

Para la época, el gobierno, apoyado en facultades otorgadas por la Carta de 1991, que facilitaban la participación privada en proyectos del Estado, decidió confiar en esas manos el manejo de los principales terminales aéreos con la pretensión de darles eficiencia y desprenderse de onerosas inversiones operativas y administrativas.

Entre 1995 y 1997 la Aerocivil puso entonces en marcha la primera generación de concesiones. Ferió la construcción de la segunda pista de Eldorado y la operación de los aeropuertos de Barranquilla y Santa Marta. Con el de Cali, en 2000, aplicando relativas exigencias contractuales, lanzó la segunda generación. Los inversionistas locales, aliados a última hora en cada ciudad, exultantes frente a la dádiva encontraron en Aena un atractivo socio común, gracias a su imagen corporativa y al sólido músculo financiero que enviaba señales de garantía.

Aena -Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea- participó del 40% de Acsa, el operador del Cortissoz; del 38% de Sacsa, el del Rafael Núñez, y del 34% de Aerocali, el del Bonilla Aragón, y accedió a Codad, actual titular de la pista de Eldorado, a través de la presencia que en ella tiene su socia, la también española Abertis. Las concesiones, entregadas más con criterios políticos que técnicos, terminaron siendo sonado cultivo de controversias, rifirrafes, demandas, amenazas, pérdidas financieras para el Estado y jugosas ganancias para los concesionarios. Las expectativas de Aena se derrumbaron. Los frentes que lideró tampoco reportaron mayores beneficios para los aeropuertos, las aerolíneas o los usuarios.
Pese a sus pingües utilidades en Colombia y en otros países de la región, el otrora poderoso ente español atraviesa hoy en día por su peor momento. La compañía que en 2007 se valoraba en 30.000 millones de euros, un lustro después apenas alcanza los 18 mil millones. Acumula deudas por 15 mil millones, tres veces más que en 2004; ha pasado a depender del Ministerio de Fomento, y será objeto de una nueva estructura organizativa para mejorar su eficiencia y viabilidad. Nuestra socia enfrenta vientos de crisis pero sueña con que una reingeniería institucional le permita volver a volar sobre las realidades de sus años dorados.
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