Por: Nicolás Uribe Rueda

Voluntad

El proceso de paz tiene que avanzar o es mejor que termine. Y la razón es solo una: luego de cinco meses de negociaciones y seis meses de acercamientos previos que los llevaron a la mesa, parece que ni la sociedad ni el Gobierno tienen certeza sobre la existencia de la voluntad de las Farc para terminar el conflicto.

 Así parece haberlo dicho el jefe negociador cuando le pide al grupo terrorista que aclare a qué va a La Habana. Y también lo confirman las declaraciones de Iván Márquez cuando propone regularizar el conflicto, apelar al ingenio para encontrar soluciones a los problemas que tiene Colombia y anuncia que se reserva el derecho a secuestrar.

Somos muchos los colombianos que estamos dispuestos a tragarnos unos sapos para lograr la desmovilización y el desarme de los herederos de Jojoy, así ello solo represente una disminución menor de violencia. Sin embargo, no a cualquier precio y siempre en el marco de la Constitución y los límites morales que nos trazan, por ejemplo, el respeto por el dolor de las víctimas. Pero lo que no resiste nuevamente Colombia es el infecundo discurso de las Farc aupado en la ambigüedad sobre sus reales intenciones.

Hay quienes piden que uno se ponga en los zapatos de las Farc para así poder comprender la naturaleza de sus demandas y los modales con los que las expresan. Y vale la pena decir que he tratado de hacer el ejercicio muchas veces. Pero siempre llego a la conclusión en la que ya estaba. Y es que para lograr la paz, la única posibilidad es que las Farc entiendan que la Constitución existe y es menester cumplirla, y que ello en consecuencia impide que en la mesa de diálogo se decida acabar con la propiedad privada o expulsar la inversión extranjera o hacerles el quite a las penas por los delitos cometidos (así sean sanciones alternativas o simbólicas).

Ello significa que la voluntad de paz de las Farc se exterioriza en dos hechos simples y concretos: en la manifestación privada y pública por medio de la cual reconocen que los bandidos son ellos y no nosotros, y en su entendimiento de que a pesar de los acuerdos para facilitar su tránsito a la legalidad no es posible construir un país a imagen y semejanza de su aspiración totalitaria. De lo contrario, y mientras ellos sigan creyéndose iguales al Estado colombiano al que califican de terrorista, no habrá nada que ofrecerles que resulte suficiente ni algo que conceder que sea posible en democracia.

Así es de claro, el proceso de paz es necesariamente un proceso de sometimiento, no solamente a la justicia, sino también al ordenamiento jurídico colombiano. El fin exitoso de los diálogos, no pasa por la adopción y respeto de la legislación fariana por parte de los colombianos, sino precisamente por todo lo contrario, por la renuncia de los bandidos a oponerse a través de las armas a las normas expedidas legítimamente por los órganos constituidos para tal efecto por el Estado colombiano.

Al Gobierno no se le debe responsabilizar si el proceso fracasa y se levanta de la mesa. Por el contrario, se debe celebrar el cumplimiento de su palabra empeñada. El presidente dijo que se sentaba con las Farc para avanzar en cuestión de meses con el propósito de terminar el conflicto o terminaría la negociación si encontraba que este esfuerzo resultaba estéril. Lo que dijo el Gobierno es lo correcto y es a lo correcto a lo que debe comprometerse.

 

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