Por: Ramiro Bejarano Guzmán

¿Y los controles para la contratadora?

No es posible que mientras la contratadora Sandra Morelli fustiga a muchas personas y empresas en veces hasta por nimiedades, ella siga campante sin que ninguna autoridad le pida explicaciones sobre el ruinoso negocio que para las arcas públicas representa el leonino contrato de arrendamiento del inmueble a donde trasladó la sede de la Contraloría.

El descalabro no se reduce solamente a que por cuenta de este mal negocio la Contraloría esté pagando el escandaloso canon mensual de $ 2.515’982.464,oo, lo que de suyo es una noticia preocupante que ameritaría una investigación, esa sí, exhaustiva. Lo que ahora he detectado es igualmente reprochable, tanto más cuanto proviene de quien tiene la responsabilidad de ejercer el control del erario.

En efecto, acontece que en ese mismo contrato que sigue causando estupor, la sociedad que dio en arrendamiento el faraónico inmueble a la Contraloría, igualmente arrendó los bienes muebles con los que fue dotado el edificio. Ni el edificio estaba listo ni los bienes muebles estaban completamente instalados para ser usados en octubre del año pasado cuando arrancó la ejecución del contrato, lo cual no impidió que la implacable contratadora empezara a pagar un canon, que legalmente sólo debía cancelarse cuando la Contraloría pudiera usar y gozar plenamente del bien debidamente amoblado. ¿Por qué no esperó la Contraloría a que el inmueble estuviese debidamente dotado y amoblado para empezar a pagar el canon? Si eso lo hace cualquier otro funcionario, ya la Morelli lo tendría embargado y además crucificado como el más sospechoso de los servidores públicos.

Pero allí no paran las graves inconsistencias que siguen brotando de este insólito contrato. Los bienes muebles con los que supuestamente está dotado el nuevo edificio de la Contraloría valen la medio bobadita de $ 12.072’946.004. Ello no tendría problema si no fuera porque la Contraloría se obligó a comprar esos muebles cuando termine el contrato, previa depreciación cada año del 10% del valor de los mismos. Es decir, como el contrato tendrá una duración de dos años, los muebles que deberá adquirir la entidad le costarán al fisco el 80% de la suma inicialmente declarada, es decir $9.658’356.803,oo.

En otras palabras, ello quiere decir que la contratadora Morelli, que vigila con lupa y sin misericordia los actos ajenos, no advirtió que con este caprichoso contrato, por decir lo menos, la Contraloría se obligó a adquirir unos bienes muebles de costo bastante significativo, sin haber mediado licitación de ninguna especie, como tenía que haber ocurrido en aras de la más elemental transparencia. Si otro funcionario de los que ella vigila y controla compra un alfiler sin licitación pública, con seguridad lo suspendería fulminantemente y lo acusaría de incurrir en el delito de celebración indebida de contrato.

Y a todas estas, ¿qué destino tomaron los muebles que estaban en el antiguo edificio de la Contraloría? Hasta antes de que el ente de control se trasladara de sede, tales bienes seguían prestando sus servicios. Ni siquiera la propia señora Morelli había expresado reparos a esos muebles. Pero por obra y gracia de tomar en arriendo un inmueble dotado de tan costosos muebles, en la sede anterior están arrumados y deteriorándose esos bienes, como si no representaran un centavo.

Pero aquí no pasa nada. Se trata de una poderosa dama intocable cuyas arbitrariedades además la han hecho temible.

Adenda. ¿Hasta cuándo los organismos de seguridad seguirán hostigando a la periodista Claudia Julieta Duque? ¿Quién puede detener esa máquina de terror?

Ramiro Bejarano Guzmán / [email protected]

 

 

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