Yo te elijo, tú me contratas

El entrante ministro de Justicia, Enrique de Jesús Gil Botero, tiene tantos elementos negativos en su hoja de vida como el saliente ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño.

Pese a que Londoño logró hacer un ministerio sin pena pero tampoco sin gloria, lo que sí consiguió exitosamente fue evadir los interrogantes que existen sobre su historial y sus tropezones con la justicia. (Ver Yo te absuelvo, tú me eliges).

La nueva cabeza de esa cartera también tiene algunas cosas que responder. Así va la historia.

En abril del 2013, cuando el, en ese momento, fiscal Eduardo Montealegre llevaba un año largo en la entidad, el Consejo de Estado decidió que el período de este polémico funcionario iría hasta el 2016 y no hasta el 2014.

La discusión, que en términos técnicos se daba sobre si el período de cuatro años de los fiscales era personal o institucional, el Consejo de Estado la resolvió en el ámbito personal, lo que le permitió a Montealegre quedarse tres años más en el cargo.

De los 20 consejeros de Estado que defendieron esa posición, el fiscal Montealegre contrató, posteriormente y de forma directa, a la mitad de éstos, lo que se interpretó como una forma de retribuirles el voto a su favor con lo que menos les duele a los funcionarios públicos: los recursos del Estado.

Según se puede comprobar en los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública, el 12 de febrero de 2015 el nuevo ministro de Justicia se llevó un jugoso contrato de 751 millones de pesos para el apoyo y la asesoría jurídica a la Fiscalía General de la Nación “en la formulación, implementación y seguimiento de políticas en asuntos de responsabilidad extracontractual y prevención del daño jurídico”. (Ver Contrato CN0050 de 2015).

Un contratazo.

Pero parece ser que no funcionó mucho por todos los escándalos que tuvo la Fiscalía de Montealegre por asignación directa de millonarios recursos y el daño jurídico que se hizo durante su administración.

Aunque esa platica se perdió, el exmagistrado Gil Botero ha defendido la utilidad de su contrato con la Fiscalía e incluso dijo que “no fue producto de ningún favor”. (Ver Defensa del contrato).

Contundente, pero hay más.

Otros contratos muestran que el exconsejero Gil Botero obtuvo recursos estatales de personas que también habían sido elegidos o favorecidos por el Consejo de Estado. Van dos ejemplos.

El 16 de septiembre de 2015, el ministro Gil Botero obtuvo un contrato de prestación de servicios por parte del auditor general de la República para “asesorar y apoyar en la proposición de criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal” por casi 39 millones de pesos. (ver Contrato C-70 de 2015).

Pequeño, pero a eso hay que sumarle el acuerdo del 22 de febrero de 2016, en donde el exconsejero Gil Botero obtuvo otros 80 millones de pesos de la misma entidad en cabeza de Carlos Felipe Córdoba Larrarte para “la orientación temática sobre la formación y capacitación de funcionarios y ciudadanos”. (ver Contrato C-35 de 2016).

Es importante recordar que el 22 de julio de 2015, los compañeros del exconsejero Gil Botero en la Sala Plena del Consejo de Estado eligieron al señor Córdoba Larrarte como Auditor General hasta el 2017. (Ver Documento Consejo de Estado).

Aunque no hay nada ilegal en estos temas, sí unas cercanías de tiempos y lugares que dejan una sensación de la puerta giratoria que existe en las entidades públicas entre el yo te elijo y después tú me contratas. El problema es que eso no se ve para nada bien en un ministro encargado de administrar la cartera de la justicia y el derecho.

@yohirakerman

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