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Philip Alston, relator especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales.

“Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”, así lo señala el informe que Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, que hizo un examen a la situación de los DD.HH. en Colombia en las dos últimas semanas.

El relator sostuvo que aunque no encontró pruebas que indiquen que las ejecuciones fueron producto de una política oficial del Gobierno o que se hicieron con conocimiento del presidente o de otros funcionarios, es insostenible la tesis de que fueron producto de una pocas "manzanas podridas".

Sin embargo, señaló que "no puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido", para luego advertir que pudo constatar por algunas de la víctimas que hay hostigamiento por parte de militares a familiares de los falsos positivos. 

Aunque reconoció que ha habido un gran avance en la política de seguridad desde el año 2002, pues disminuyó la cantidad de homicidios,  las políticas de protección a los derechos humanos no se trasladan a la práctica en todos los casos.

Alston señaló, por ejemplo, que la cantidad de enjuiciamientos por ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en el país sigue siendo muy baja.

Principalmente destacó dos problemas para el respeto de derechos humanos en Colombia: el primero de ellos es que la Fiscalía, especialmente la unidad dediada a esa labor, no tiene suficiente personal, recursos y mucho menos formación en Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En segunda instancia, detectó que en algunas zonas del país los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y "hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de violación de Derechos Humanos al sistema de justicia ordinaria, ocasionando demoras y obstrucción en la transferencia de información". Como resultado de todo esto, comentó, hay demoras que frecuentemente ponen en peligro el valor de los testimonios y las pruebas.

Sin embargo, destacó que ha habido una notable reducción en la cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, registrados por la justicia militar en los últimos nueve meses.