Cámara de Representantes "ata" las manos al Gobierno para achicar tamaño del Estado

El Plan Nacional de Desarrollo debe estar aprobado por el Congreso antes del próximo 7 de mayo. De lo contrario, sería expedido por decreto por el presidente de la República. / Twitter @CamaraColombia

En la recta final de la discusión de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde al momento de esta publicación continúa el debate, el Gobierno sufrió varios reveses, pues algunas propuestas llevadas por la administración Duque fueron eliminadas.

Varios artículos de las facultades extraordinarias pedidas por el Gobierno para fusionar o liquidar algunas entidades fueron descartados por los congresistas.

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Por ejemplo, el artículo 330, que pedía facultades extraordinarias para la modificación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Este planteaba: "Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley" para modificar la norma. 

También fue suprimido el 335 que facultaba al jefe de Estado por seis meses para suprimir, fusionar o modificar consejos, comités y demás instancias de dirección o coordinación que requieran norma con fuerza de Ley. 

Sin embargo, se mantuvieron los apartes que le permiten fusionar entidades del sector financiero, como aseguradoras y fiducias como Fonade y Findeter. Se trata de normas que permitirían al Gobierno aplicar los recortes que le ayuden a estabilizar las finanzas públicas. 

Uno de los momentos más calientes se vivió cuando se propuso sacar el artículo 54, que permite las vigencias futuras para el último año del gobierno de los mandatarios regionales. La propuesta se defendía con el argumento de que garantizaría el cumplimiento de las metas de cobertura previstas en el presente Plan, con el propósito de financiar proyectos de inversión que conlleven cofinanciación nacional, o de asegurar la prestación de servicios públicos domiciliarios. 

La eliminación de este artículo, según sus defensores, afectará el programa del Metro para Bogotá porque le impide contratar para construir las troncales que alimentarán el proyecto, y se afectarían otras iniciativas de transporte para algunos municipios de Antioquia. 

El artículo 89, que también fue sacado de la ponencia, se defendía con el argumento de que modernizaría los catastros de los municipios pequeños pagando una tarifa que no supere el 5 % sobre el valor recaudado en la vigencia fiscal anterior.