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En un debate de control político ante la Comisión Segunda (encargada de Relaciones Internacionales) de la Cámara de Representantes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dio algunos detalles sobre cómo funcionará el nuevo esquema para los pasaportes, que entraría a regir desde 2025 y sería manejado por la Imprenta Nacional y dos aliados.
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Tras haber suspendido la nueva licitación de $416.000 millones por las más de 550 quejas que presentaron los interesados al prepliego de condiciones, el órgano determinó que era necesario otro modelo. De acuerdo con el canciller encargado, las quejas eran similares a las que se vieron en la pasada licitación, la que fue declarada desierta por Álvaro Leyva. Además, los tiempos para el empalme entre Thomas Greg y el posible nuevo operador no eran ya suficientes.
Así, según Murillo, los criterios para este esquema son tres: mayor porcentaje de participación pública, mayor seguridad de la información y mayor pluralidad de los proponentes. En este, el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá siendo supervisor de la expedición de los pasaportes y con el apoyo de un comité consultivo interinstitucional integrado por la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Este trabajará de la mano con un comité técnico asesor conformado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Centro de Investigaciones para del Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y otros aliados estratégicos internacionales.
“Allí hay muy buenas experiencias, por ejemplo, en el trabajo prospectivo que hemos hecho y los contactos. El gobierno austriaco tiene un esquema mixto de expedición de los pasaportes, donde es una alianza, sociedad, entre el Gobierno y un socio estratégico privado, y funciona muy bien. El Gobierno realmente no cede su función de velar por la protección de la información de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero hay otros modelos”, afirmó.
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El ministro de Exteriores explicó que el Comité de Contratación del Ministerio y el Fondo Rotario está estructurando un “convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional”, que a su vez “deberá contar con un aliado estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional”. En este último, el canciller encargado reveló que algunos países habían sido priorizados, entre ellos, Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica. Otros han expresado su interés por hacer parte del proceso, como Canadá y México, pero la Cancillería tiene el criterio de no incluir a Estados de hemisferio, excepto por Estados Unidos.
Esta sociedad deberá encargarse la ejecución de la expedición de pasaportes, en la que hay tres componentes: atención al ciudadano, captura y formalización (del que se encargaría únicamente el Ministerio), e impresión y entrega. En el primero hay “mucha preocupación” a causa del gran número de quejas por ineficiencias y demoras en la cita.
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Sobre el proceso contractual de pasaportes, Murillo explicó que hay tres fases. La primera busca “asegurar la continuidad del servicio público de pasaportes” que inició en octubre de 2023 y finalizará en octubre de este año. En ese punto, el canciller encargado señaló que no se han presentado problemas en la expedición de pasaportes, aunque aceptó que hubo “algunos vaivenes que se generaron por la actuación del exsecretario general de la Cancillería”, José Antonio Salazar, quien fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras adjudicar la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
La segunda fase, de transición, iniciará el 3 de octubre y llegará hasta el 30 de junio de 2025. De acuerdo con el ministro encargado, esta permitirá que puedan “contar con el aliado estratégico gubernamental internacional (...) y con un socio privado que garantice la impresión de las tarjetas y los pasaportes”. La última fase será de vigencia plena y comenzará a partir de julio de 2025.
“Nosotros le hemos dado la mayor prioridad a este proceso por lo sensible que es para la opinión pública, obviamente, y por lo importante que es para el Gobierno”, afirmó.
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