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Este martes se conoció el más reciente informe de Transparencia por Colombia que revela la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en 180 países del mundo. La medición, que se hace de 0 a 100, indica que las naciones que obtengan un puntaje de cero se perciben como muy corruptos y 100 como muy transparentes. En esa medición, que corresponde al 2023, Colombia obtuvo una calificación de 40 puntos, lo que significa que para la ciudadanía se enfrentan serios problemas de corrupción.
Sin embargo, el país obtuvo un punto más que en 2022, cuando el puntaje nacional fue de 39. De acuerdo con Transparencia por Colombia, las naciones que obtienen una calificación inferior a 50 puntos son los más críticos. En América, por ejemplo, el promedio de la región fue de 43 puntos.
Los países con mejores resultados y con menor percepción de corrupción fueron Canadá (76 puntos), Uruguay (73), Barbados (69), Estados Unidos (69) y Chile (66). Las naciones con peor ranking durante el año pasado fueron Venezuela, con apenas 13 puntos; Nicaragua y Haití, con 17 puntos cada uno; Honduras y Guatemala, con 23 puntos.
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De acuerdo con Transparencia por Colombia, aunque “el nuevo puntaje no implica un cambio estadístico significativo, si se compara con las puntuaciones de 39 sobre 100 de los cinco años anteriores y de 36 sobre 100 desde el 2012, por primera vez habría expectativa de una tendencia de mejora en el índice”. Es decir, por primera vez en 11 años, el país mejoró su puntuación en esa medición global de corrupción.
Esa leve mejora hizo que el país se ubicara en el puesto 87 de los 180 países evaluados. La organización de Transparencia explicó que ese cambio de posición se explica en que países como Tanzania, Surinam y Guyana, con los que Colombia mantenía el mismo puntaje hasta el año pasado, tuvieron un descenso en índice de corrupción.
Una de las recomendaciones que dio la ONG en Colombia fue implementar la Estrategia Nacional Anticorrupción, que está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. “La Estrategia debe considerar el fortalecimiento institucional para la lucha contra la corrupción y el avance en medidas preventivas, en particular un mejor acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y del periodismo, y avanzar en mecanismos novedosos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los recursos públicos”, se lee en el informe.
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También se refieren a la propuesta de reforma a la justicia que radicará en el Gobierno ante el Congreso y que, entre otras cosas, pretende garantizar la independencia en instancias judiciales. “Es prioritario que el Congreso avance en la discusión del proyecto de ley de protección a denunciantes de actos de corrupción radicado a finales del año pasado en la Cámara de Representantes, y que se fortalezcan los canales de denuncia de corrupción”, señalan.
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