Denuncias por presunta financiación irregular de campañas aumentaron un 326 %

El incremento se dio en el marco de las elecciones territoriales de 2023, que se celebraron el 29 de octubre pasado.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Según un reciente informe del despacho de César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), las denuncias ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de campañas aumentaron considerablemente en 2023 y en comparación con 2019, año en el que también se celebraron comicios regionales.

En general, los tres delitos tipificados —violación de topes, financiación con fuentes prohibidas y omisión de información del aportante— aumentaron un 326,6 % entre 2019 y 2023. El porcentaje se repite si se compara con el año inmediatamente anterior, 2022, pues se pasó de 30 a 98 casos, según los datos públicos que maneja la Fiscalía.

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Cuando se habla de financiación de campañas con fuentes prohibidas, los datos hablan de un aumento del 255,5 %; es decir, de 27 a 69 denuncias entre las elecciones de 2019 y las del año pasado. La violación de topes es uno de los datos más preocupantes, pues el informe refleja un incremento de 1.300 % entre una campaña y otra, ya que se pasó de dos a 26 casos. Entre 2022 y 2023 el porcentaje de aumento fue del 650%.

En el caso de la omisión de información del aportante el informe resalta una particularidad: “se han registrado pocas denuncias por esta conducta. El mayor número de casos allegados a la Fiscalía se dio en 2018, cuando hubo cuatro denuncias, mientras que en 2020 y 2023 se presentaron tres denuncias en cada uno de estos años”.

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Según el magistrado Lorduy, las tres conductas descritas están tipificadas en el Código Penal, con sanciones que se aplican luego de la expedición de un acto administrativo en firme del Consejo Nacional Electoral, en el cual se demuestre una violación comprobada de las normas electorales.

“En caso de que se compruebe por parte del CNE que un candidato acudió a alguna de las fuentes antes relacionadas, además de las sanciones administrativas, (...) el gerente de la campaña electoral que permita incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”, resalta el documento. Las mismas sanciones serían aplicables para los candidatos.

Consulte el informe completo aquí:

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