El manifiesto de 20 académicos y exnegociadores para la Paz Total de Petro

Arriba, Rafael Pardo y Juan Camilo Restrepo; abajo, Eduardo Pizarro León-Gómez y Enrique Santos Calderón.

Foto: El Espectador

“Nos acercamos al proyecto de la “Paz Total” que adelanta el actual gobierno con el anhelo de que tenga éxito, pero también con el temor de que no logre sus objetivos”. Con esas palabras, un grupo de 21 académicos, expertos, exfuncionarios del Gobierno Santos y exnegociadores de paz inician un pronunciamiento en el que emiten 12 recomendaciones para esa política que impulsa el presidente Gustavo Petro.

El documento está firmado, entre otros, por Rafael Pardo, exalto consejero de paz para el posconflicto del presidente Santos; Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador de paz con el ELN; Enrique Santos Calderón, exnegociador de paz con las FARC; el sociólogo Eduardo Pizarro León-Gómez y el general en retiro Freddy Padilla de León.

La más llamativa de sus propuestas es la que bautizan como “Negociaciones con disidentes y reincidentes”. Según su planteamiento, el Gobierno de Petro debe “proceder con especial cautela” en lo que haga con los grupos disidentes de las FARC, que ya negociaron con el Estado o que “traicionaron los compromisos asumidos”. Por eso, sostuvieron: “El ideal sería, incluso, que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC, dado que la casi totalidad de sus actuales dirigentes de ambos grupos refrendaron esos acuerdos en la X Conferencia celebrada en los Llanos del Yarí (Caquetá) en 2016″.

Esto último, cabe decir, no aplicaría para Iván Mordisco, líder del ahora llamado Estado Mayor Central, quien no acudió a dicha conferencia y se apartó, junto con el Frente Primero que lideraba, del Acuerdo de Paz de La Habana desde antes de que se firmara.

En sus otras recomendaciones, el grupo plantea las que consideran son acciones necesarias para consolidar la “Paz Total”. Por un lado, afirman que el Estado, durante negociaciones de paz, no puede descuidar su obligación de garantizar el orden público. “Fragilidades o vacilaciones en este campo pueden estimular e, incluso, fortalecer actividades delictivas”. Sostienen que en ese sentido, lo prudente es pactar el cese al fuego con los grupos al final de una negociación, previa su concentración, para que pueda ser verificable por organismos imparciales.

“Nada más contraproducente que despejes prematuros o sin condiciones”, se lee en el documento firmado también por los académicos Moisés Wasserman, Jorge Giraldo, Alejandro Reyes Posada, Francisco Leal Buitrago y el historiador Jorge Orlando Melo.

Lo que sí urgen en su documento es el cese hostilidades, para que los grupos armados se comprometan con la no afectación de la población civil. “Nada impide que se pueda y se deba acordar desde ahora un cese de hostilidades”.

Para el grupo de expertos, si las negociaciones que el Gobierno actual tiene abiertas con los grupos implican ajustes normativos, estos deben hacerse bajo una sola iniciativa. “Esto excluye la posibilidad de implementaciones parciales de acuerdos con una sola contraparte, o sucesivas en la medida en que se culminan las negociaciones con diferentes actores violentos”.

Una de las propuestas hace referencia explícita a las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, a las que se refieren como “riesgos de neoparamilitarismo”. Según su planteamiento, “la utilización de grupos de autodefensa para proteger los derechos de ciertos sectores sociales fue uno de los factores que en mayor medida contribuyeron en el pasado a exacerbar la violencia rural”. Por eso, dicen, “preocupa que se promueva la utilización de un mecanismo parecido, así se conciba inerme, para salvaguardar los intereses de ciertas etnias (guardias indígenas y cimarronas) o comunidades rurales (guardias campesinas)”.

Entre los firmantes también están Luz Helena Sarmiento, exnegociadora de paz con el ELN; Gloria María Borrero, exministra de Justicia; y Camilo Reyes, exembajador en los Estados Unidos.

Su manifiesto completo aquí: