Hace apenas algunas horas, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, confesó estar profundamente preocupado por la ausencia de información que han tenido las autoridades acerca de los bienes de las Farc, adquiridos producto de su actividad guerrillera: extorsión, narcotráfico, secuestro, y otros tantos delitos. “¿No vamos a hablar de los activos de las Farc?”, se cuestionó el jefe del ente acusador, en el marco de un foro sobre corrupción.
Según el cronograma establecido en La Habana, esa información que comenzará a exigir la Fiscalía a partir de esta semana debería revelarse al país a finales de mayo. Es decir, en el llamado día D+180. Y la promesa, según el propio Gobierno, las fechas pactadas se van a cumplir.
“Es claro que las Farc deberán pasar ese listado de los activos y que ese inventario será el punto de partida para empezar a hacer esa verificación. No habrá ampliación de ese registro y la condición es que se debe entregar al Gobierno y al sistema de monitoreo”, señaló el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo en respuesta a Martínez.
Así mismo, garantizó al país que no se dará una paz armada con las Farc, al hacer alusión a las críticas que han girado en torno a la solicitud que ha hecho la guerrilla de prorrogar por tres meses más la fecha para el registro de las caletas que aún tienen en su poder. “Todo se cumplirá, y eso incluye la dejación de las armas personales. Para las caletas podría haber un tiempo más por la logística que se debe emplear. Esperamos que el calendario avance lo mejor posible”, añadió Naranjo al término de su intervención en la clausura del Primer Encuentro Internacional de Partidos Políticos de Centro Derecha.
Al hablar sobre la entrega de la información de los activos de la guerrilla, el fiscal señaló que ese debía convertirse en un tema central a la hora de hablar sobre la financiación de campañas. “Así como no puede haber dineros de corrupción en el ejercicio de la política tradicional, tampoco podrá haber dineros derivados del secuestro, del chantaje. Las autoridades colombianas no lo podemos aceptar”, apuntó el fiscal.