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Cronología del terremoto
El sistema de salud ha vivido un terremoto estas semanas. Se preveía un panorama tenso por la casi segura aprobación de la ponencia de archivo de la reforma de la salud impulsada por el gobierno.
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Pero pocos esperaban que este sacudón tuviera réplicas tal vez más duras, como lo fueron las intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) de las EPS Sanitas, Nueva EPS, EPS Servicio Occidental de Salud y la decisión de la Caja de Compensación Familiar Compensar de retirar de manera voluntaria su programa de EPS.
Tras 14 meses de un tortuoso trámite por la Cámara de Representantes y por la Comisión VII del Senado, ocho senadores presentaron una ponencia que solicitaba el archivo del proyecto de ley. Con los votos de ellos, más el voto adicional anunciado por la senadora del partido MIRA, ya se preveía que esta ponencia iba a ser aprobada, y el proceso empezó a concretarse el martes de la semana pasada cuando los senadores lograron que el debate fuera citado para el miércoles, apelando al Estatuto de la Oposición.
Pero no más de una hora después vino la primera réplica: la intervención de Sanitas EPS por parte de la Supersalud. Esta intervención se justificó con el incumplimiento de varios indicadores del modelo de control, inspección y vigilancia de dicha entidad.
La intervención fue precedida por una serie de denuncias y presiones políticas encabezadas por el senador Wilson Arias, quien subrayó que la participación empresarial del grupo Keralty le permite la integración vertical con sus propios prestadores de salud, lo cual puede facilitar el desvío indebido de recursos del sistema.
Las siguientes réplicas se dieron el miércoles 3 de abril. La primera con la decisión de la Supersalud de intervenir a la Nueva EPS, donde apenas tres meses antes el gobierno había logrado imponer a su candidato, Aldo Cadena, como presidente. Esta intervención pretende diluir el poder de la junta directiva, dominada por seis cajas de compensación familiar, para que el gobierno asuma el mando pleno de la EPS.
La segunda réplica fue la votación positiva de la ponencia de archivo por parte de 9 senadores. Así se hundió la reforma presentada por la exministra Carolina Corcho, lo cual implicó una gran derrota política para el gobierno.
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Pero ahí no concluyeron los seísmos. El siguiente jueves la Procuraduría General decidió abrir investigación al Supersalud, Luis Carlos Leal, y, al final de la tarde, realizó visita administrativa con el fin de recopilar información dentro del proceso por la intervención de Sanitas EPS, dada la queja que esta EPS interpuso ante esa entidad.
Como resultado de esta visita y después de un rifirrafe entre el Supersalud y los delegados de la procuraduría, estos afirmaron que no existía un archivo administrativo que documentara el debido proceso de intervención de Sanitas y Nueva EPS .
Después, a primera hora del viernes pasado, la CCF Compensar decidió entregar su programa de EPS, argumentando que la situación financiera que vive el sistema de salud les impide seguir brindando la atención a sus afiliados en las condiciones de calidad que la ha caracterizado. Esta decisión se basa en el deseo de proteger los intereses y los activos de la CCF, ya que una intervención a su programa de EPS podría afectarla patrimonial y jurídicamente.
Finalmente, esta semana la Superintendencia intervino a la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS).
Tras esta cronología surge la pregunta ¿cuál es el motivo del terremoto que amenaza deshacer el sistema de salud, poniendo en riesgo la salud y la vida de los colombianos, los empleos de muchos trabajadores del sector y la estabilidad de miles de instituciones prestadoras del servicio (IPS) que existen en el país?
Las intenciones del gobierno
La crisis del sistema de salud es de vieja data y ocupó las agendas de gobiernos anteriores, que lograron darle soluciones parciales, más no de fondo. En este gobierno en cambio no se ha observado un interés por realizar ajustes para solucionar sus problemas, como los que atañen a si los recursos destinados son suficientes para garantizar el PBS.
En vez de eso se ha dedicado a intentar el manejo directo o las intervenciones contundentes del Estado en todos los niveles del sistema. Por eso su apuesta principal fue la reforma de la salud, proyecto al cual le invirtió la mayor parte de su capital político, incluso a costa de la desintegración del gabinete inicial o de “concertación nacional” que culminó en la ruptura de la coalición mayoritaria que tuvo en el Congreso.
Aunque no se puede afirmar sin pruebas que la intervención de Sanitas EPS fue una retaliación al archivo de la reforma a la salud, sí es claro que este acto es parte de un plan alternativo de ejecutar su reforma, recurriendo a los instrumentos que la ley le permite, como lo hizo saber el presidente en un mensaje en su cuenta de X.
Los principales puntos que el presidente quiere poner en marcha con urgencia son tres:
● Quitar el manejo de los recursos a las EPS y establecer el giro directo a los prestadores desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES);
● Romper la integración vertical entre EPS y sus propias instituciones prestadoras de salud (IPS), y
● Ejecutar el modelo preventivo y predictivo de salud.
Las consecuencias prácticas
En general, las intervenciones de las EPS le permiten cumplir estos propósitos, más aún cuando el gobierno tiene intervenidas entidades que afilian alrededor de la mitad de la población del país.
En lo tocante al manejo de los recursos, el director de la ADRES, Félix Martínez, dijo que los interventores nombrados por la Supersalud deben solicitar el giro directo desde la ADRES de los dineros a pagar a su red de prestadores, limitando la intermediación financiera de las EPS.
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Igualmente, los interventores pueden reorganizar las redes de servicios con las cuales garantizan el PBS a sus afiliados, tal vez, dejando al margen las IPS que son propiedad de los dueños de la EPS intervenidas. Con esto se rompería la integración vertical tan criticada por el gobierno, para darle prioridad a prestadores públicos y a privados que durante el debate de la reforma manifestaron su apoyo al gobierno.
Posiblemente, un guiño a esta estrategia sea el nombramiento de Julio Rincón como interventor de Nueva EPS, quien viene de ser director de la Corporación Colombiana de secretarios de Salud, lo que lo hace un conocedor de las lógicas políticas y de las infraestructuras en el territorio. Por eso es de prever que Rincón siga la línea indicada por el presidente en X: “Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el ministerio de salud, ninguna IPS pública o privada acreditada debe ser excluida.”
De tomarse este tipo de decisión, los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo podrían verse gravemente afectados al fragmentarse los procesos de atención integral indicados para sus patologías. Los demás afiliados podrían sufrir traumatismos por cambios intempestivos de prestadores o por demoras en la entrega de medicamentos si se cambian los operadores logísticos.
Por otra parte, los interventores tienen el deber de garantizar la creación de los equipos domiciliarios que son la base del modelo preventivo y predictivo, al cual se le dio una discutida fuente financiera del 5 % de la UPC.
En conclusión, el gobierno transformó hábilmente una derrota política en la oportunidad para asumir el mando de las principales EPS del sistema y, con ello, ejecutar por vía reglamentaria y casi de facto los elementos esenciales de su reforma a la salud.
En este movimiento telúrico, los usuarios afiliados al sistema son los que se sienten inestables y temen que la seguridad de su atención en salud pueda verse afectada. Esperemos que la sensatez y la calma sean las que prevalezcan en las futuras decisiones que gobierno, EPS, IPS y trabajadores tomen respecto a su participación en el sistema.
*Profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Área Académica de Salud, doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
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