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En un texto de cuatro páginas, el exministro Álvaro Leyva Durán propone integrar a la constitución, transitoriamente, un sistema judicial especial para perseguir los actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos, empresas y particulares.
Según el texto de dos artículos “mediante el cual se introduce en la Constitución Nacional la lucha contra la corrupción como fin del Estado” se propone crear tres entidades para perseguir este flagelo: la Jurisdicción Excepcional transitoria, la Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción, la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Corrupción.
El documento fue entregado hace un par de horas a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), en la cual toman parte representantes de las Farc y de Gobierno.
El artículo segundo de la propuesta de Acto Legislativo establece que se creará la Jurisdicción Excepcional Anticorrupción, como una herramienta dentro de la justicia ordinaria, con el fin de perseguir delitos relacionado con la corrupción durante los próximos 15 años, con la posibilidad de prorrogar su existencia por 10 años.
“La Jurisdicción Excepcional Anticorrupción conocerá de los delitos relacionados con la corrupción señalados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (…)entre ellas la complicidad, la incitación, la ayuda, la instigación, o la autorización de un acto de cohecho a un servidor público; y la tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público, igual que otros tipos penales relativos a la corrupción que la ley tramitada mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, señale”, propone Leyva Durán.
De igual manera, la propuesta de reforma constitucional señala: “Esta misma ley ordenará la inclusión de una clausula anticorrupción en todos los contratos suscritos con el Estado por personas naturales o jurídicos en los términos que la referida ley indique, y establecerá un mecanismo de recompensas y protección para quienes denuncien actos de corrupción ante las autoridades señaladas en la misma norma”.
De otro lado, se propone crear la Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción, la cual estará integrada por “cinco Síndicos Generales”, los cuales, además de tener todas las calidades morales, éticas y académicas, deberá “haber tenido experiencia profesional por mínimo quince años, ser conocedor de los sistemas de contratación pública y privada y de la contratación mediante el sistema de asociación pública-privada APP; del sistema financiero y bancario nacional y extranjero, de mecanismos y funcionamientos de finanzas corporativas en general y de valuación de activos”.
Dentro de las facultades que le otorga esta propuesta a los miembros de la Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción estará la de “la suspensión inmediata de la ejecución de cualquier objeto de contratos públicos o privados, ya totalmente, ya parcialmente, o la suspensión inmediata de funciones de funcionarios del Estado mientras se aclaren hechos, conductas o situaciones de modo que hayan dado lugar”.
La iniciativa establece que estos cinco “Sindicos Generales” serán nominados la Corte Suprema de Justicia; el Consejo de Estado; el Comité Coordinador del Consejo Gremial Nacional; el Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN); y los presidentes de las confederaciones obreras.
Asimismo, se propone la creación de la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Corrupción, la cual estará adscrita a la Fiscalía General de la Nación. El director de dicha unidad deberá cumplir los mismos requisitos que se exige para ser Fiscal General y “será escogido por este de terna integrada de la manera que la ley determine” por un periodo de cinco años.
Pero la medida más polémica de esta propuesta corre por cuenta del parágrafo quinto, en el cual se establece que un mes después de aprobado este acto legislativo “el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, y los superintendentes tendrán que rendir ante notario público un detallado informe de sus actividades profesionales.
En concreto precisa que estos funcionarios tendrán que declarar “bajo la gravedad de juramento, una declaración que contenga la denominación o razón social de las sociedades de las que cada uno haya sido, durante los cinco años anteriores a la posesión de su cargo, socio, administrador, representante legal, o asesor a cualquier título; así mismo indicarán si han sido asesores o apoderados de aquellas o de sus asociados durante el lapso señalado. Cada uno de los funcionarios relacionados manifestará igualmente la relación de hecho que pudo haber tenido en lo económico o profesional con los entes antes mencionados”.
Además, la propuesta apunta a que estos funcionarios, de los órganos de control, deberán dejar constancia si han tenido relaciones con sociedades sin ánimo de lucro e indicarán “los nombres de las personas naturales o jurídicas de las que hayan sido representantes en asuntos judiciales, o extrajudiciales”.
Finalmente esta propuesta ya está en manos de la CSIVI y tendrá que ser discutida para determinar si se radica mediante el trámite especial legislativo, como un desarrollo de los acuerdos de paz. Valga recordar que Leyva Durán asesoró la mesa de diálogos de La Habana en la discusión del tema de justicia.