Las 54 representantes buscan una jurisdicción que investigue violencia contra la mujer

Las representantes de la Cámara radicaron el proyecto de acto legislativo que busca instaurar la Jurisdicción Especial para Mujeres.

Foto: Óscar Pérez

Todas mujeres de la Cámara de Representantes se pusieron de acuerdo. Este miércoles radicaron un proyecto de acto legislativo para una “Jurisdicción Especial para la Mujer” (JEM), con la que tienen un objetivo claro: acabar con la impunidad en los casos de violencia de género. En un Congreso que en los últimos cuatrienios no ha tenido más del 30 % en participación femenina, las 54 mujeres de un órgano compuesto por 187 escaños se unieron como bancada para presentar un texto cuya aprobación es más que segura.

Con un pañuelo morado atado en la muñeca y vestidas en su mayoría de rosado y morado, las representantes llegaron a la Secretaría General de la Cámara para radicar el proyecto de acto legislativo 407 de 2024. Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, llamó a la acción “un acto poderoso” que convoca a las representantes de “todos los partidos políticos y todas las regiones”.

El texto modificará la Constitución para que incluya a la JEM entre los órganos que administran la Justicia en Colombia. Al ser de carácter especial, eso significa que se concentrará en un solo tipo de casos: aquellos en los que “las mujeres hayan sido víctimas de conductas que les ocasionen daño, directa o indirectamente, por razones de género”. Según la propuesta, esta deberá entrar a funcionar en un término no superior a dos años que comienzan a correr después de su aprobación.

“La violencia de género no tiene color político, no tiene partido, y hoy lo que nos convoca es pedir justicia. Desafortunadamente, tenemos un país con unas cifras alarmantes en materia de violencia de género: 32 mujeres han perdido la vida en el transcurso de este año por feminicidio [según el informe de la Fiscalía de violencia contra la mujer] y eso es lo que hoy nos convoca, que la justicia sea más eficiente”, aseguró.

Integrantes de Cambio Radical, Partido de la U, Partido Demócrata Colombiano, Partido Conservador, la Coalición del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Liberal, Movimiento Fuerza Ciudadana, MIRA, Coalición Centro Esperanza, Nuevo Liberalismo, Yo soy Urabá, la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, y la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó esperan una aprobación rápida y unánime del proyecto.

“Este es un proyecto que no tiene partido político porque nos estamos dando cuenta de que representamos a todos los partidos políticos que hoy están la Plenaria, [es una iniciativa] que no conoce de ideología política porque están de centro, de centroizquierda, de izquierda, de derecha. Lo único que tenemos claro y en común es que no podemos permitir que la impunidad siga reinando en todos los delitos que se cometen en contra de la mujer”, afirmó Ana Rogelia Monsalve, de la Circunscripción Especial de Comunidades Afro, Raizales e Indígenas, quien espera que el proyecto “pase sin problema los debates” pues todas las representantes lo apoyarán y respaldarán.

De igual forma, Erika Tatiana Sánchez (antes integrante de la Liga Anticorrupción, ahora sin partido político), tiene la fe puesta en que el Congreso les será favorable. Recuerda la aprobación unánime del proyecto de ley para proteger hijos de víctimas de feminicidio en la Comisión Primera en septiembre del año pasado.

“Cuando hemos aprobado proyectos de ley para erradicar la violencia vicaria [aquella que se refiere a las acciones u omisiones que causen la muerte, daño o sufrimiento a los hijos y/o a personas del grupo familiar afectivo de la mujer], hemos tenido la mayoría de los votos. Entonces acá no hablamos de un Congreso machista, sino un Congreso que vio una oportunidad de respaldar a la mujer. El hombre que no vote por esta iniciativa está vulnerando también el derecho de su mamá, de las mujeres que tiene en su casa, porque es un tema de política de feminicidio, nos compete a todas las mujeres de Colombia”, señaló.

Mientras Sánchez habla de un Legislativo que respalda las iniciativas de las mujeres, los números de la bancada femenina elegida popularmente dejan mucho que desear. El proyecto fue firmado por cerca del 29 % de la Cámara, el porcentaje que corresponde a las 54 representantes. En el Senado, la cifra es casi la misma. Cuatrienios anteriores muestran datos similares: ni en el periodo del 2018 al 2022 (56 de 278) y ni en el del 2014 al 2018 (56 de 268) están por encima del 21 %.

Con números tan reducidos de participación, son pocas las veces en las que, entre senadoras y representantes, una mayoría se pone de acuerdo para promover una iniciativa. Las ocasiones en que lo hacen, es para avanzar en la garantía de los de las mujeres. Uno de sus mayores logros fue la Ley 1257 de 2008, “que permite garantizar una vida libre de violencia y en la que se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”.

Figuras conocidas como Gloria Inés Ramírez (del Partido Comunista), Gina Parody, Marta Lucía Ramírez y Dilian Francisca Toro (las tres del Partido de la U), Piedad Córdoba y Cecilia López Montaño (del Partido Liberal), en ese entonces se enfrentaban en el Senado por sus causas políticas, pero presentaron el texto como autoras.

Para quienes han conseguido llegar, el Congreso es una oportunidad, por un lado, para una representación femenina se materialice en leyes efectivas para la protección de las mujeres o, por el contrario, para dejar un camino de desastres.

En los tres últimos periodos, Claudia López logró ascender y convertirse en alcaldesa de la capital. Llegó al Senado como la única senadora elegida por Alianza Verde en el 2014, donde presentó un proyecto junto con Angélica Lozano para aumentar la participación política de las mujeres. En el 2018, mantuvo su puesto y para el 2019 fue elegida como la primera alcaldesa de Bogotá.

El camino ha sido hacia la desgracia para otras: Aída Merlano dejó a su paso tan solo ocho proyectos de ley. Fue integrante de la Cámara por Atlántico desde el 2014. Cuatro años después, llegó al Senado por el Partido Conservador con una elección irregular por detrás. Al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión por delitos de corrupción al sufragante y un mes después se fugó de las autoridades. Ahora, está recluida en la cárcel del Buen Pastor. Su proyecto más conocido fue el de convertir al agua de panela en patrimonio cultural de la Nación.

En el 2000 se aprobó la primera ley de cuota de género en Colombia: el porcentaje de participación de las mujeres sería del 30 %. 20 años después, el Congreso pasó el proyecto de Código Electoral, que especifica que “en listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta (...), deberán conformarse por un mínimo de 50 % de mujeres”.

Unos años más tarde, el número de mujeres en el Legislativo no ha podido romper el techo reglamentado a inicios de siglo. Ese esfuerzo, sin embargo, no se traslada a otras instancias, pues con lo visto en otros casos como el de Aída Merlano o el de Dilian Francisca Toro, quien fue acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico en el 2012, la participación de las mujeres no significa inmediatamente avanzar en la garantía de sus derechos.

Proyectos como el radicado este miércoles demuestran una voluntad por parte de la bancada femenina por buscar unidad en medio de un Congreso polarizado que, entre peleas, debate (o evita debatir) las reformas del presidente Gustavo Petro.

Este es el texto completo del proyecto:

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