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El debate alrededor de la aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos aún sigue sobre la mesa. Especialmente, porque el presidente Iván Duque ha prometido que volverá a la fumigación con glifosato sobre las hectáreas con coca, en momentos en que la Corte Constitucional reiteró que es necesario que, previo a ello, se dé una serie de condiciones específicas para retomar esta política contra la denominada guerra global contra las drogas y que, para muchos expertos, fracasó.
Por eso, una vez instalado el periodo legislativo 2019-2020, aterrizaron en el Capitolio varios proyectos alrededor del tema. Algunos proponen, por ejemplo, que se prohíba el glifosato como herbicida para fumigar. Otros, buscan reglamentar la aspersión aérea, sin especificar ningún tipo de sustancia, y que quede establecido en la ley que este método se convierta en “la última opción” para el Gobierno en su lucha frontal contra las drogas.
(Lea: Uso de glifosato: ¿qué dicen los gobernadores?)
Es el caso del Partido Liberal que radicó un proyecto en este sentido y que, de ser aprobado, pondría duros limitantes al Ejecutivo antes de que acuda a la aspersión aérea con glifosato o con cualquier “sustancia tóxica o probablemente tóxica”, según se lee en la iniciativa. El representante Carlos Ardila argumenta que dicha medida solo podrá ser posible cuando quede en evidencia que la erradicación manual constituye un “riesgo excesivo” para las personas encargadas de ejercer dicha labor en el territorio por cuenta de la presencia de grupos criminales.
“La aspersión aérea sólo será procedente en el territorio estricta y previamente delimitado, y únicamente mientras el Estado recupera el control territorial que le permita erradicar mediante otros métodos”, señala el texto de iniciativa. El ingrediente adicional es que supedita el recurso de la aspersión aérea al aval del Congreso, potestad que hoy está en manos del Gobierno, a través del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
“La aspersión aérea de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas deberá ser autorizada por el Congreso de la República mediante ley ordinaria que no podrá tener una vigencia superior a un año. El gobierno presentará el respectivo proyecto de ley que deberá georeferenciar, señalar y delimitar expresamente las zonas del territorio nacional a tratar, y deberá informar sobre los posibles riesgos con el herbicida o sustancia utilizada, así como establecer los protocolos de mitigación del riesgo y los mecanismos de compensación administrativa”, dice el texto.
Si el Senado y la Cámara de Representantes le dan luz verde al Gobierno, la aspersión aérea no podrá ejecutarse sobre los territorios que no quedaron incluidos en el plan presentado al Congreso. “Igualmente, el Gobierno Nacional deberá presentar semestralmente y en audiencia pública, sendos informes a las Comisiones II y V del Senado y Cámara de Representantes, para lo cual comparecerán las entidades nacionales y de orden territorial del sector salud, defensa e interior, e igualmente, las autoridades ambientales y el Ministerio Público”.
Respecto del CNE, se incluyen dos reformas importantes: primero, tendría un integrante más que sería un representante de las Juntas de Acción Comunal de los territorios afectados y, segundo, se le impone la obligación de presentarle al Congreso informes sobre posibles riesgos de la aspersión aérea y los herbicidas usados, así como los protocolos de mitigación y los mecanismos de compensación a las comunidades afectadas por este método de erradicación. La consulta previa será un requisito adicional que agrega el proyecto.
(Lea: “El Gobierno debe abstenerse de asperjar”: profesor Óscar Alfonso)
Es de recordar que la Casa Blanca, en su más reciente reporte sobre las hectáreas sembradas con coca en Colombia, dio cuenta de un total de 208.000. Una cifra récord en estas más de cuadro décadas. Dicho aumento, se dio de manera acelerada una vez se firmó el Acuerdo de Paz con la hoy desarmada guerrilla de las Farc. De hecho, hay voces expertas que afirman que los incentivos incluidos en los textos de Cuba promovieron este crecimiento.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —emitido en septiembre de 2018—, los departamentos con mayores cultivos de coca son Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Bolívar. Territorios hoy ocupados por grupos criminales, disidencias de las Farc y guerrilla del Eln siguen dedicados al narcotráfico.