:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Pw_Hr-GQXA80NPnZpn20tS_QFtk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/H2SSMCLNSZHIDCSV53VUJ66FTA.jpg)
Un acuerdo interparlamentario se abre paso en el Congreso de la República para desarrollar legislativamente una nueva política de drogas. La tesis: la guerra contra estas fracasó estruendosamente en Colombia y el mundo. Los argumentos: entre el año 2000 y 2015, el Estado ha gastado US$ 140.000 millones, lapso en el cual los cultivos de coca pasaron de 134.000 hectáreas a 213.000, y de 12 departamentos a 23; la lucha contra las drogas ha costado la vida a 6.942 policías y militares y a 25.000 civiles; y hace 19 años se producían 700 toneladas de cocaína y hoy se calcula que salen 917 toneladas. Las cifras son el soporte que guiará a más de diez senadores y representantes a la Cámara a llevar al Capitolio, el próximo 20 de julio, un paquete legislativo que busca cambiar el paradigma de la política de lucha contra las drogas.
El promotor del bloque interpartidista es el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de los Decentes, quien encontró eco en los senadores Armando Benedetti y Andrés García Zuccardi (de la U); Julián Gallo (Partido FARC), Aida Avella (UP), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Wilson Arias (Polo Democrático) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal). El objetivo es ambicioso: cambiar una política de drogas que ha reinado en Colombia y el mundo por más de 30 años; abrir el camino del consumo recreativo de marihuana; desarrollar el punto de drogas del Acuerdo de Paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos; asegurar las inversiones de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets); y combatir la política prohibicionista, basada en la penalización del consumo, abriéndole paso a una política moderna de salud pública.
Al respecto, el senador Bolívar señaló: “Vamos a formularle al país una nueva política de drogas, basada en evidencias y cifras, que nos permitan plantear una estrategia efectiva, pues los datos presentados son muestra del fracaso estruendoso de la guerra contra estas. El narcotráfico ha sido transversal al desarrollo del conflicto armado, y como el consumo en el mundo no baja -va incluso en aumento, hay 274 millones de consumidores en el mundo-, entonces los cultivos se desplazan buscando mejores condiciones para su plantación, producción y tráfico. Por eso, nos hemos reunido para formular una nueva política que debe partir de la regulación y llevarnos a presentar, el próximo 20 de julio, un paquete legislativo que incluya un proyecto para mirar el uso de la marihuana recreativa”.
Por su parte, el senador de la FARC, Julián Gallo, enfatizó en la necesidad de formular una política de drogas que ataque el fenómeno del narcotráfico de manera contundente. “El narcotráfico está en la base de una serie de problemas que afectan a la población colombiana. Tenemos que abandonar la guerra contra las drogas, pues es claro el fracaso. La nueva política sobre el tema de drogas debe ser formulada a partir de nuestras realidades como nación y no como producto de imposición de los Estados Unidos, comprendiendo que este es un fenómeno internacional. Vamos a estudiar una serie de medidas que nos permitan presentar alternativas legislativas que nos permitan atacar este fenómeno, pero no desde el eslabón más débil de la cadena”, puntualizo.
Armando Benedetti, de la U, agregó que se necesita cambiar toda la política de drogas, que implica el narcotráfico, tráfico, consumo y rehabilitación en el país. “Todo el problema del negocio de las drogas se debe a que Estados Unidos es el que más gana en eso. Gustavo Bolívar dio una cifra impresionante de US $140.000 millones, con eso hubiéramos podido comprarles toda la cosecha a los campesinos, la hubiéramos quemado y les hubiéramos dado un terreno o una casa a cada campesino. Que Estados Unidos mande su gente aquí para reducir un kilo de coca puede costar US $163.000. Si se quedara allá en su casa y pusieran la plata en la frontera, les costaría US $3.000 dólares, según Daniel Mejía. Los invito a leer el punto 4 del Acuerdo de Paz. Es el único documento que he visto en el que hay una política pública sobre drogas”, explicó.
Finalmente, para el senador de Cambio Radical Temístocles Ortega, este proyecto le va a costar a sus autores muchos ataques, pero es una manera de enfrentar con eficiencia las dificultades. “El Congreso tiene una enorme responsabilidad y tenemos el compromiso de enfrentar el problema de las drogas desde otra perspectiva. El cultivo, el uso, el consumo y el tráfico de drogas es quizás uno de los grandes problemas que enfrentamos como nación, así que debemos hacerlo con decisión porque ha causado demasiado dolor y sangre”, precisó. En este mismo sentido, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, enfatizó en que se requiere reflexionar sobre los tres pilares que han sostenido la lucha contra las drogas: la fumigación, la penalización y la extradición. “Tres herramientas que no han sido efectivos y que se han tratado casi que de forma religiosa, pues no permite cuestionamiento. Vale la pena discutir seriamente estos tres pilares que explican el fracaso de lucha contra las drogas”, concluyó.