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Si hay un partido que hay sufrido de las falencias del sistema electoral colombiano ha sido el movimiento MIRA. En febrero pasado, a cinco meses de que se terminara el cuatrenio del Congreso que se eligió en 2014, el Consejo de Estado le devolvió al movimiento las curules que había ganado en esa elección, pero que había perdido en el proceso de escrutinio. La razón fue inaudita: los plumones usado para marcar los tarjetones no eran de secado rápido, por lo que al doblarlos se producía una doble marcación. El resultado fueron miles de votos nulos.
Fue así como el pasado 14 de marzo se posesionaron Gloria Stella Díaz, Manuel Antonio Virguez y Carlos Alberto Baena en las curules que merecían desde el principio. Sin embargo, la decisión del movimiento fue no pedir la indemnización económica, sino hacer algo que tuviese un mejor efecto y que funcione para reparación: que el Congreso pueda discutir, y aprobar, una reforma electoral que contiene varios elementos que buscan, precisamente, evitar que se presenten nuevas situaciones como las que cercenaron su participación en el Legislativo.
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Este jueves fue radicada la iniciativa que, según el senador Carlos Alberto Baena, “modifica aspectos del paso a paso electoral para mejorar su transparencia y el respeto por la voluntad que los ciudadanos expresan en las urnas”. Uno de los puntos que se destacan es una fuerte apuesta por el uso de la tecnología en las elecciones, comenzando, por ejemplo, con la implementación del voto electrónico en todas las ciudades capitales del país que cuenten con más de un millón de habitantes desde el 2022, es decir, para las próximas elecciones a Congreso.
“En el año 2032, la organización electoral implementará el voto electrónico en todo el territorio nacional, y entre 2022 y 2032, efectuará su implementación progresiva en los municipios con mayor población”, señala el proyecto radicado.
También se busca que los sistemas de información que sean utilizados en los comicios sean de propiedad del Estado, es decir, que el proceso no quede en manos de particulares. “Todo software utilizado en los procesos electorales será de propiedad exclusiva del Estado colombiano y será desarrollado, preferiblemente, con herramientas que no requieran la compra o el pago de licencias. Tanto el código fuente como los aplicativos usados en los procesos electorales serán de público conocimiento y una copia de la versión final, con su respectivo código de seguridad, será entregada en custodia de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, dice el artículo 4.
De igual manera se propone la observación en tiempo real de los jurados de votación a través de la instalación de cámara y televisores. Adicionalmente, exige la elaboración de las Actas de Escrutinio en computadores, pero con la firma de la totalidad de los testigos (hoy solo se exige la firma de dos de los seis), con el fin de que se avance en la tecnificación del proceso, “que hoy es manual y muy susceptible de sabotajes”.
Para esto también se contará, según el proyecto, con cámara digitales en los puestos de votación, pantallas, dispositivos electrónicos para el diligenciamiento en línea del acta de escrutinio del jurado de votación y hasta una impresora para la impresión del documento en el sirio.
La propuesta del MIRA pretende la modernización del proceso de escrutinios y ordena a que luego del conteo de los votos en la mesa se inicie el escrutinio para disminuir los riesgos de tergiversación de las votaciones físicas, que ocurre cuando se trasladas a otros sitios. El acceso a esta información estaría garantizado para los ciudadanos y se exige que desde el mismo día de las elecciones se digitalicen todos los documentos electorales y se conviertan en datos abiertos “para que los partidos y la ciudadanía en general acceda a ellos y controle la veracidad de los resultados”.
Otro punto interesante es la creación de la carrera electoral, con el fin de que los jurados y escrutadores tenga el conocimiento de su labor. “Para superar esa dificultad, el proyecto de ley crea la carrera electoral y da un plazo para que se regule e implemente, incluyendo etapas de formación y especialización de quienes se vinculen al servicio electoral”, dice el MIRA en un comunicado. De ser aprobada la iniciativa, el articulado determina que el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Congreso tendrán dos meses para regular dicha carrera electoral.
Por otra parte, le da facultades a la Fiscalía General para dirigir “el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad e inteligencia para la programación y el desarrollo de operaciones oportunas y eficaces contra cualquier tipo de conducta punible relacionada con el proceso electoral”. El proyecto mantiene el grueso de lo que se había contemplado en u borrado inicial, que había conocido El Espectador el pasado 2 de abril.